- En este marzo que camina se cumplen dos años desde que la Policía Nacional hizo el llamado general para que todos los propietarios de automotores obtuvieran su póliza de seguro vehicular. A la fecha, amparados por dos prórrogas y el desinterés de los diputados por resolver el problema, los buseros de Managua siguen “inmunes” a esa exigencia
Moisés Martínez
Actualmente “chocar” con un bus del transporte colectivo es lo peor que le puede pasar a un dueño de vehículo.
No importa si gana o pierde el accidente ante las autoridades de Tránsito, al final viene resultando casi lo mismo si de reclamar indemnización se trata, y eso esperando que su cuerpo quede intacto luego del percance.
Esto tampoco cambia mucho cuando un pasajero resulta herido o muerto por ir en un bus.
La razón: los transportistas colectivos no están en regla con sus seguros vehiculares, por lo que la única forma en que se puede obtener una compensación de éstos es con mucha suerte; y que los transportistas estén de humor para reconocer su responsabilidad.
“El problema con los buses es que para poder cobrarles hay que ir a buscarlos, porque es con el seguro de la licencia profesional y a veces no quieren pagarle a la gente o nunca los encontrás”, comentó un alto mando policial.
El Jefe Nacional de Tránsito, comisionado Manuel Roque, reconoció que han tenido dificultades con el transporte colectivo para que se responsabilice por los accidentes de los que son culpables.
“Las quejas han sido sobre todo en el sector del transporte colectivo (buses). Hemos tenido algunos pegones con ellos, pero ahí han estado cumpliendo a pesar de esto. Con el sector selectivo (taxi) no ha habido problemas, han pagado en tiempo y forma sus compromisos”, comentó el jefe policial.
A raíz de que se empezó a gestar lo que sería la Ley 431 Para el Régimen de Circulación Vehicular, los transportistas se opusieron a adquirir una póliza de seguro vehicular por medio de las aseguradoras tradicionales, y presentaron ante las autoridades la figura de la afianzadora.
Finalmente, después de varias discusiones con los diputados de la Asamblea Nacional, que incluyeron algunos plantones y amenazas de huelga, se incluyó la figura de la afianzadora en la iniciativa de ley.
Posteriormente, los legisladores aprobaron a finales del año pasado la Ley 431, pero ésta fue vetada por el presidente Enrique Bolaños.
El veto se debe a que la Superintendencia de Bancos (SIB) cuestionó que las afianzadoras funcionaran con ventajas sobre el resto de las aseguradoras.
La ventaja es que la figura de cooperativa que mantiene el gremio del transporte, le permite una serie de beneficios fiscales que no tienen las aseguradoras privadas.
Sin embargo, pese a que el veto presidencial fue emitido hace casi seis meses, los diputados aún no se han pronunciado al respecto.
“Hay un limbo jurídico en todo esto y en medio de este limbo, lo que hay es un compromiso con los transportistas de que ellos iban a asumir los daños causados, de acuerdo a los montos establecidos en la ley, siempre y cuando fuesen los responsables del accidente”, comentó el comisionado Álvaro González, Segundo Jefe de Tránsito Nacional.
Ese “limbo” y el acuerdo entre la Policía y los transportistas, ha convertido a los transportistas —en especial a los buseros— en ciudadanos que están por encima de la ley, ya que son los únicos que pueden circular por las calles sin el seguro vehicular, todos los otros conductores deben tenerlo o exponerse a multas
No obstante, González opinó que muchas de las dificultades para que los buseros asuman su responsabilidad en los accidentes, se debe al desconocimiento ciudadano de los procedimientos para hacer los reclamos.
Sin embargo, también reconoció que en ocasiones han tenido que abocarse con los mismos altos dirigentes de las cooperativas para que sus socios respondan por algún accidente.
“TALONEANDO” A LOS BUSEROS
El acuerdo entre la Policía y los transportistas es que éstos responden por los accidentes de los cuales son responsables, con el denominado seguro de licencia profesional, el cual tiene una cobertura máxima de 30 mil córdobas.
“Los ciudadanos deben saber hacer sus reclamos. Cuando se da un accidente, el afectado debe ir, con la resolución de tránsito a su favor, a la cooperativa de transporte a cual pertenece el busero, para que allí le resuelvan el problema”, explicó González.
A consideración del comisionado, esto tiene algo de lógica, ya que la Ley 431 también establece la obligatoriedad del seguro de licencia profesional y su complementación con el seguro vehicular, en caso que el monto del accidente sea mayor a la cobertura del primero.
BUSES ESPERANDO
Mientras los ciudadanos y las autoridades policiales esperan que los diputados se pronuncien sobre la Ley 431, los transportistas sientan las bases de lo que será su afianzadora: Afintra.
Sin embargo, esto tampoco ha estado exento de dificultades.
En primer lugar, el sector se ha fraccionado. La idea inicial de que Afintra manejara los seguros de todo el transporte colectivo, selectivo (taxi), interurbano y de carga del país, no es una realidad aún.
Una parte importante de las uniones de cooperativas de taxis se “amarraron” ya con las aseguradoras tradicionales, así como la mayor parte del transporte de carga.
Otro importante grupo de uniones de cooperativas de taxis y el sector interurbano decidieron crear por su cuenta afianzadoras temporales, las cuales no son supervisadas por la SIB, para responder por los accidentes de los cuales son responsables.
Por lo tanto, Afintra en estos momentos sólo está siendo manejada por la mayor parte de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte (Urecootraco) y la Unión de Cooperativas de Taxis “Adelante Nicaragua”.
Otro problema con Afintra es que muchos transportistas están exigiendo que se les devuelvan sus cuotas aportadas para formar el capital social con que se pretende conformar la afianzadora.
Esto porque el 4 de abril próximo inicia el cambio de placas, y la Policía anunció que será estricta en la exigencia del seguro vehicular para autorizar la renovación de éstas.
Los transportistas están preocupados porque ven cómo avanza el tiempo y aumentan presiones de la policía, y Afintra no inicia operaciones.
“Les dijeron a los socios que sus cuotas ya se encuentran depositadas en una cuenta bancaria. Pero eso es dinero de los transportistas que fue dado de carácter voluntario para un proyecto que nunca cuajó. Están secuestrando el derecho de las cooperativas a buscar por otro lado, para crear un monopolio de afianzadora”, dijo un alto dirigente del transporte colectivo.
Las cuotas establecidas son de 2,000 córdobas para los buses, 30 dólares para los taxis y 900 córdobas para los camiones de carga .
No obstante, Rafael Quinto, presidente de Urecootraco, pese que reconoció este fraccionamiento en el gremio, el cual minimizó, aseguró que cuando se resuelva el veto en la Asamblea, es cuestión de tiempo para que todos los transportistas vuelvan al redil.
“En unos dos años Afintra manejará las pólizas de seguro vehicular de todo el sector transporte del país”, aseguró
CASI UN MONOPOLIO
Según el mismo dirigente, las proyecciones son que Afintra manejará unos 120 millones de córdobas anuales.
“La nueva Ley General de Cooperativas establece que podemos vender seguros y en el reglamento ya se crearon las cooperativas de seguros que serán reguladas por la SIB, por lo que ya nada nos impide jurídicamente empezar a funcionar”, afirmó Quinto.
“Ahora una empresa cooperativa es igual a una empresa de sociedad anónima. Que nos reclaman que nosotros tenemos exoneraciones fiscales, pues las aseguradoras también están exoneradas, porque el artículo 70 de la Ley de Tránsito dice que los seguros no están sujetos a ningún impuesto”, añadió.
Mencionó, además, que en el caso del transporte interurbano y las uniones de taxis que están ofertando sus propias pólizas, no les quedará más remedio que trabajar con Afintra cuando se resuelva el veto presidencial.
Quinto incluso cuenta con que estas organizaciones “disidentes” aporten el monto faltante (1.5 millones de córdobas) para completar los tres millones de córdobas del capital social necesario para que Afintra sea aprobada por la SIB y empiece a operar.
“Los interurbanos y las uniones de taxis están vendiendo su propia póliza aprovechando la prórroga, pero al constituirse por ley las afianzadoras, los únicos que vamos a poder vender somos los de la Urecootraco”, anunció el dirigente.
Sin importar qué entidad maneje los seguros de los transportistas, en lo que coinciden todos los consultados es que la Asamblea debe aprobar la Ley 431 lo más pronto posible, para que finalmente los buseros y taxistas sean obligados a obtener un seguro de vehículos y que puedan responder por los daños que causan en las calles y carreteras del país.
TAXIS E INTERURBANOS
La renuencia a entenderse con las aseguradoras tradicionales, y la lentitud y dificultades en la conformación de Afintra, obligó al sector interurbano y a un importante número de uniones de cooperativas de taxis a establecer un plan alternativo para responder ante los accidentes de tránsito.
Este plan cuenta con la bendición de la Policía Nacional, que incluso lo ha apoyado públicamente, a pesar de que se encuentra fuera del marco regulatorio del mercado de los seguros vehiculares.
“Nosotros lo que ya estamos haciendo es ofertar nuestras propias pólizas de seguro, para que respondan con los montos establecidos en la ley ante cualquier accidente del que se determine nuestra responsabilidad. Las vendemos a 140 dólares y cubre tanto daños materiales y humanos, tanto del conductor afectado como de los pasajeros”, explicó Vidal Almendárez, directivo de Fenicotaxi.
El dirigente comentó que se decidieron por esta alternativa, dado que el nivel de riesgo de daños en la calle es demasiado para la cobertura establecida en el seguro de la licencia profesional.
Almendárez dijo que esta iniciativa es un experimento para probar si en un futuro pueden manejar su propia afianzadora y dejar a un lado a los buses, y a Rafael Quinto, presidente de Urecootraco. “Lo mejor es tal vez estar todos en una sola afianzadora, pero si vemos que nos va bien solos, pues creo que nos mantendremos así”, comentó el dirigente.
LEY ENGAETADA
Los conflictos entre el Gobierno y los legisladores ha ocasionado que estos últimos hayan distraído su atención del veto a la Ley 431, Para el Régimen de Circulación Vehicular.
El veto pretende eliminar las figura de las afianzadoras, que fueron incluidas en la ley por presión de los transportistas, pero que el Ejecutivo considera que representan competencia desleal para las aseguradoras.
El diputado sandinista Roberto Gónzalez, uno de los principales promotores de lo de las afianzadoras para los transportistas, adelantó que su bancada rechazará el veto del Presidente y aprobará la ley tal y como quedó.
Por su parte, el diputado liberal y presidente de la Comisión de Transporte, David Castillo, reconoció que su bancada aún no discute el veto del Ejecutivo a esta ley.
González comentó que la SIB aún no envía una propuesta de reglamentación para las afianzadoras.
«CONFÍAN EN MÍ»
“Nosotros tenemos ventajas sobre el resto de aseguradoras, porque nuestros costos son menores y por eso venderemos pólizas hasta por 100 dólares menos, pero principalmente porque Rafael Quinto puede ir a cualquier cooperativa de Nicaragua y les pide que compren la póliza en Afintra, y lo hacen, porque confían en mí, porque dicen que si aquí esta él, aquí no se roban los reales”, aseguró Rafael Quinto.
