alberto l. alemán aguirre
El rechazo a la renuncia del Presidente boliviano Carlos Mesa trajo un alivio temporal y una renovación de legitimidad a su gobierno, pero difícilmente éste es el fin de la crisis en Bolivia, país, como Nicaragua, pobre, crónicamente inestable, muy dependiente de la ayuda externa y también con politiqueros populistas con designios oscuros.
Cuando el mandatario anunció su dimisión el domingo pasado, su objetivo real no era abandonar el poder, como ahora puede verse. Sin duda, Mesa se lo jugó todo de una sola tirada de dados. Un movimiento intrépido aunque sumamente arriesgado.
Y salió airoso: todas las fuerzas políticas del Congreso rechazaron su renuncia, logró un acuerdo mínimo de gobernabilidad, vio renovada su legitimidad, obtuvo valiosas muestras de apoyo popular y ahora podrá emplear la fuerza contra los bloqueos de carreteras promovidos por sindicatos, cocaleros y campesinos, fuente importante —aunque no única— de inestabilidad.
No había otra figura que una mayoría política podría haber digerido en vez de Mesa —quien llegó al poder tras una asonada que dejó 80 muertos y echó al presidente Gonzalo Sánchez de Losada, no por elección popular—, y las alternativas eran simplemente sombrías. Los analistas veían más polarización y hasta el fantasma de una salida autoritaria; muchos manifestantes que salieron a defender a Mesa, hartos de huelgas y zozobra, pedían “mano dura” y “orden”.
La crisis presente, un nuevo capítulo de la permanente crisis boliviana, gira alrededor de un proyecto de ley de hidrocarburos. El gas es el principal recurso natural del país sudamericano.
Mesa espera que gracias al acuerdo político, pueda aprobarse una versión que favorece el Ejecutivo, que propone imponer regalías (participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo) de un 18% y un 32% en impuestos complementarios a unas 26 petroleras extranjeras.
La oposición radical de izquierda, liderada por el diputado y líder de Movimiento Al Socialismo, el cocalero Evo Morales, quiere hacer aprobar un 50% en regalías. A todas luces, como argumentan economistas internacionales y bolivianos, el Gobierno, y como indica el sentido común, eso provocaría la huida de numerosas empresas extranjeras ante los altos costos de explotación y un bajo margen de ganancias. Simplemente Bolivia se haría aún menos atractiva para la inversión extranjera, poco halagada por la crónica inestabilidad del país más pobre de Sudamérica.
Los efectos se harían sentir en el vecindario. Por ejemplo, el gigante brasileño Petrobras ha invertido desde 1996 unos 1,500 millones de dólares; su filial boliviana genera el 20% del PIB de este país y, además, gracias a un contrato con el Estado boliviano, exporta 30 millones de metros cúbicos de gas natural diarios a Brasil. De subir el pago de regalías a un 50%, eso aumentaría el costo de ese producto en Brasil. No es necesario decirlo: un caos total en Bolivia tendría repercusiones preocupantes en todo el Cono Sur.
Las divergencias entre Mesa y su opositores son el fondo, el enfrentamiento de dos modelos de desarrollo de la empobrecida Bolivia, cuyo 25% del PIB proviene de la cooperación externa: uno del incentivo a las inversiones extranjeras y otro nacionalista y estatizador. El primero lo representa Mesa, el segundo Morales.
Las políticas anticultivos que tanto defiende EE.UU. han reducido el área sembrada de coca, pero no han dado alternativas viables a los cocaleros; las privatizaciones no han funcionado bien y los malos y caros servicios de empresas privatizadas, otrora estatales, son parte del problema social; la desigualdad y la exclusión de los indígenas siguen ahí, como desde hace siglos, tras más de dos décadas de reformas liberales.
Sin embargo, las propuestas populistas de Morales, los campesinos indígenas de Felipe Quispe y los sindicatos son inviables y trasnochadas en un mundo emergido tras la caída del comunismo, un hecho que probó el fracaso de economías estatistas altamente centralizadas.
Pero lo más siniestro es que tras los reclamos absolutos de Morales y sus compañeros de izquierda, no se esconde sino el deseo de llegar al poder a cualquier costo: derribando la institucionalidad, sembrando el desorden y si necesario, que corra la sangre. ¿Algún parecido con Nicaragua? Quizás no sea pura coincidencia.
