Juez anula gran estafa con tierras

Jorge Loáisiga Mayorga Roman, Times, serif»> Juez anula gran estafa con tierras Jorge Loáisiga Mayorga La Juez Quinto Civil de Distrito de Managua, Ligia Rivas Peña, mandó a ejecutar la anulación de los asientos registrales de unas 800 manzanas de tierras al oeste de la Cuesta del Plomo, que fueron vendidas fraudulentamente a la sociedad […]

Jorge Loáisiga Mayorga

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Juez anula gran estafa con tierras


Jorge Loáisiga Mayorga




La Juez Quinto Civil de Distrito de Managua, Ligia Rivas Peña, mandó a ejecutar la anulación de los asientos registrales de unas 800 manzanas de tierras al oeste de la Cuesta del Plomo, que fueron vendidas fraudulentamente a la sociedad Urbanizadora Americana S.A. (Urbana S.A.).

Urbana S.A. es una sociedad de bienes raíces constituida en enero del 2002, y sus socios son Luis Adrián Pichardo Chávez, Edgard Khüll Leiva, Ersan García y Julio César Barahona Ruiz.

Durante el juicio de anulación de los asientos registrales, los representantes legales de Urbana S.A., alegaron que la sociedad había sido “estafada y engañada por Julio César Barahona Ruiz” y que su representada adquirió los bienes de buena fe.

Antes, la Juez Tercero Civil de Distrito, Vida Benavente Prieto, quien había emitido una sentencia de venta forzada de las propiedades, mandó a anular los registros.

La venta de los inmuebles fue realizada por César Barahona Ruiz (q.e.p.d.), a través de su apoderada generalísima, Yelba Isabel Barahona Venerio, hija del difunto.

ENJUICIAN A FINADO

La operación se inició con el “enjuiciamiento” a un muerto: Ofilio Mendoza, por una supuesta deuda de 600 mil dólares que éste tenía con Barahona.

En realidad la deuda nunca existió y el poder generalísimo que portaba Barahona Venerio, para representar a su padre, que ya había fallecido, era falso y además ésta había sido desheredada por su padre.

Los inmuebles fueron vendidos a través de procedimientos irregulares en diferentes instituciones del Estado, como la Dirección de Catastro Físico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), donde aumentaron las hectáreas; Catastro Fiscal del Ministerio de Hacienda, donde modificaron el monto de los impuestos; el Registro de la Propiedad, donde fueron inscritas sin corroborar la legalidad de los documentos; y el enjuiciamiento a un muerto, que supuestamente tenía una deuda con una persona llamada Julio César Barahona.

Finalmente se realizó la venta forzada de las propiedades, que inexplicablemente pasaron de 66 a más de 500 y posteriormente a más de 800.

VARIOS AFECTADOS

Entre las personas e instituciones afectadas por la acción ilegal de venta de las propiedades, estaban unas 250 familias que habitan en el sector de Villa Soberana, cerca de Ciudad Sandino; pobladores de Bella Cruz, el ex alcalde de Managua Roberto Cedeño, el Banco de la Vivienda (Bavinic), la Iglesia Católica, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Entresa), la Empresa Metal Mecánica, S.A., el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Industrias Dacal, S.A. y la Fábrica de Escobas, entre otras.

“Gracias al trabajo de nuestro abogado logramos esta sentencia y ya hemos podido hacer la cancelación de los asientos registrales con que habían inscrito nuestra propiedad”, declaró a LA PRENSA el ex alcalde de Managua, Roberto Cedeño, a quien le habían robado unas 40 manzanas de tierra que tiene con otras personas.

Cedeño dijo que ahora echarán a andar un proyecto de viviendas denominado Urbanizadora Aurora, a un costo de nueve millones de córdobas.

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