Carol MunguíaCORRESPONSAL / CHINANDEGA
La Inspectora General de la Policía Nacional, comisionada mayor Aminta Granera, llegó ayer al asentamiento Camilo Ortega, donde se entrevistó con familiares de los fallecidos Adilia Rivera y Luis Alfonso Somarriba y de Paola Bonilla Palma, herida de bala en los recientes sucesos ocurridos en Chinandega.
Granera inició así las investigaciones en torno a los hechos durante los cuales murieron tres civiles y resultaron seis heridos.
Los familiares aseguraron al equipo de investigación, que los afectados realizaban otras labores cuando fueron alcanzados por los proyectiles de las armas usadas por la Policía Nacional. Todos pidieron que caiga el peso de la ley sobre los responsables.
Al finalizar la tarea, la inspectora Granera dijo a LA PRENSA que tanto oficiales de Auxilio Judicial como de Asuntos Internos, presentes en el período de indagaciones, tardarán una semana en establecer la responsabilidad en los hechos.
“No podemos adelantar nada para no entorpecer estas investigaciones, determinaremos el ángulo de los disparos, y las versiones de los afectados y familiares nos serán de gran ayuda para aclarar los acontecimientos”, dijo Granera.
La jefa policial aclaró que no se está poniendo en duda la repercusión de los civiles muertos, y que por esa razón se iniciaron los peritajes, pruebas de balística, se obtuvieron fotos, vídeos y evidencias de los testigos del lugar, lo cual contribuirá a la investigación.
El gremio agropecuario aglutinado en las asociaciones de cañeros, ganaderos maniceros y de otros cultivos, dijo lamentar la muerte de los civiles y condenó las soluciones anárquicas a que se somete a inocentes.
Después de manifestar su apoyo a la Policía Nacional como garante del orden interno, lamentaron que impere la ley de la fuerza y no la del diálogo y peor aún, que “reconocidos dirigentes políticos se hagan presentes no a llamar a la calma, sino a avalar las tomas de tierra en Chinandega”, reza el comunicado.
“Nos preocupa la seguridad personal de los productores afectados, quienes además de perder sus cultivos y tener propiedades invadidas, se les implica como responsables”, refiere la nota.
Los productores llamaron a los poderes del Estado a buscar una solución al problema de la propiedad. “Esperamos continuar trabajando y produciendo por el bienestar del país, pero necesitamos estabilidad y que se suspendan las invasiones a las tierras”.
