Alberto L. Alemán Aguirre
El Gobierno de Costa Rica ha desempolvado un viejo disco y de nuevo lo ha puesto a tocar.
Al menos el tono con que se ha referido al problema de la navegación de sus elementos armados por el río San Juan ha sido mesurado, aunque errático.
A un poco más de seis meses de vencerse la tregua de tres años que ambas naciones acordaron en el asunto, los vecinos del sur vuelven con el viejo espantajo de un arbitraje, o con el uy, uy de un juicio ante la Corte Internacional de Justicia.
Podría arriesgarme a conjeturar sobre dos posibles condicionantes del gobierno de Abel Pacheco para regresar al asunto.
Uno: la proximidad de las elecciones presidenciales en ambos países. En 2006, ellos y nosotros tendremos comicios, siendo ellos los primeros.
Es probable que al menos una parte de la clase política tica desee encontrar una solución aceptable antes de que la campaña se caliente. ¡Qué mal se vería el respetable Nobel don Oscar Arias con esa imagen de hombre de mundo, peleando por un asunto escasamente comprensible a los extraños, para quienes esto puede apestar a mezquino nacionalismo!
Dos: no es posible separar el tema de los acontecimientos de los últimos meses, de las acusaciones de corrupción contra dos ex presidentes —Rodríguez es uno de ellos— y los aspectos, nunca aclarados completamente, de las finanzas de la campaña de Pacheco en 2002. Éstos son cosas aún pendientes en el país vecino.
Es natural que la iniciativa de volver a hablar del tema —desafortunadamente tan útil al populismo, al nacionalismo barato y politiquero a ambos lados de la frontera— hubiese venido de San José, puesto que el vecino no tendría nada que perder y sí algo que ganar. Nicaragua, como establece el Tratado Jerez-Cañas de 1858, es el soberano único del río, y solamente sus fuerzas armadas pueden navegarlo.
Nicaragua no tiene ninguna necesidad de ir a un arbitraje de mutuo acuerdo. ¿Para qué? Ya los ha habido en la historia, y el principal, el Laudo Cleveland, de 1888, confirmó el sumo imperio nicaragüense. Por lo tanto el tratado ya ha sido interpretado. En esa oportunidad, Costa Rica arrancó del presidente estadounidense, el árbitro escogido, unas concesiones mayores a lo que originalmente estipulaba el texto de 1858.
La aspiración de conseguir el control o, al menos, mayores derechos en el río, es un antiguo designio de la política costarricense desde las décadas inmediatas posteriores a la independencia de España.
Tras la Guerra Nacional, con Nicaragua destruida por la lucha para expulsar al aventurero del sur esclavista estadounidense William Walker, los vecinos trataron de apoderarse de la Ruta del Tránsito. Luego vino el Jerez-Cañas que significó ya varias concesiones por entonces, y en décadas posteriores tuvimos arbitrajes diversos y otras acciones a través de las cuales los gobiernos del vecino país intentaron ganar más paso a paso.
El siglo XX conoció también diversos incidentes. El último capítulo fue el conflicto de los años 1998-2002, causado por la prepotente decisión de Miguel Ángel Rodríguez de imponer unilateralmente y de facto, la ilegal libre navegación de guardias armados ticos.
Por ahora, don Abel ha tocado el tema de dicha navegación confusamente.
La semana pasada habló de defender una inexistente “soberanía” de Costa Rica en el río, y debió ser corregido por su canciller Roberto Tovar, quien dejó claro que “cada gota del río es nicaragüense”. Posteriormente don Abel rectificó: “El San Juan es un río nicaragüense y eso lo entendemos perfectamente los costarricenses”.
Ambos gobiernos no deben permitir que la agenda se “sanjuanice” de nuevo.
Al contrario, deberían profundizar los proyectos de desarrollo fronterizo y hallar soluciones al complejísimo problema migratorio, un millón de veces más importante que la navegación de oficiales ticos armados.
