Uno de los vehículos entregados por el juez Sabino Hernández, que está en poder de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.

Conflicto por carros narcos en Somoto

Reclaman a juez haber entregado a funcionarios de la CSJ vehículos decomisados a narcotraficantes Judicial dice que los entregó por orden de la presidenta de la CSJ William Aragón RodríguezCORRESPONSAL/MADRIZ Sabino Hernández Medina, Juez del Juzgado de Distrito Penal de Somoto, está siendo fuertemente cuestionado por entregar a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia […]

  • Reclaman a juez haber entregado a funcionarios de la CSJ vehículos decomisados a narcotraficantes
  • Judicial dice que los entregó por orden de la presidenta de la CSJ

William Aragón RodríguezCORRESPONSAL/MADRIZ

Sabino Hernández Medina, Juez del Juzgado de Distrito Penal de Somoto, está siendo fuertemente cuestionado por entregar a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) varios vehículos decomisados a traficantes de drogas.

Una de las instituciones vinculadas a la lucha contra las drogas en el departamento de Madriz, señala que cuatro vehículos ocupados a traficantes y que estaban bajo la custodia de la Policía Nacional en Somoto, fueron entregados a funcionarios de la CSJ por el juez Hernández.

El representante de la institución que pidió no se revelara su identidad, dijo que el doctor Hernández, con su decisión, viola uno de los artículos de la Ley 285, el cual establece claramente los procedimientos alrededor de los bienes decomisados a las personas vinculadas con ese delito.

En los archivos de la Policía de Somoto existen cuatro actas de sustitución de depositarios de los vehículos, firmadas y selladas por el juez Hernández y dirigidos al Jefe de Auxilio Judicial de la Policía de Madriz, capitán Antonio Ramírez.

La entrega se le hace en calidad de depósito al licenciado Gustavo Miranda Zavala, delegado administrativo de la circunscripción Las Segovias y se refiere al automóvil, año 2001, Jetta marca Volkswagen, color azul imperial, con circulación número 1035414, de la ciudad de Guatemala, con placas número P0763408.

Este automotor fue ocupado en la causa seguida en contra del guatemalteco Estuardo Samayoa Vásquez, por el supuesto delito de transporte ilegal de estupefacientes en Nicaragua, el que fue encontrado culpable y condenado a varios años de cárcel.

El otro vehículo entregado por Hernández, es un carro blanco, marca Toyota estilo deportivo, y asignado al señor Medardo José Núñez Mendieta, responsable de la oficina de la CSJ en Managua.

Mientras que la tercera acta se hizo al licenciado Róger Espinoza Martínez, secretario general administrativo de la CSJ, y el vehículo corresponde a una camioneta Isuzu verde oscuro, doble cabina de tina, placas P0755558 de Guatemala.

El juez Hernández argumentó que todo lo actuado lo hizo conforme a ley. Dijo que los cuatro casos de drogas que vinculan a los vehículos ya fueron fallados y los autores condenados a varios años de cárcel, por lo que pronto serán subastados.

Manifestó que independientemente que los vehículos anden en poder de esos funcionarios, quien responde es la CSJ, en caso de cualquier daño. Agregó que los mismos están provisionalmente decomisados por estar vinculados a delitos de tráfico de drogas.

Dijo que la Presidenta de la CSJ, Yadira Centeno, le solicitó a través de una carta, entregara esos vehículos a la Oficina de Transporte de ese poder del Estado, para utilizarlos debido a la carencia de medios de movilización.

Intentamos conocer la versión de la Presidenta de la CSJ, pero hasta el cierre de nuestra sección la oficina de Relaciones Públicas no nos había dado ninguna respuesta.

LO QUE DICE LA LEY

Según el Artículo 88 de la Ley 285, los bienes ocupados en los delitos de narcotráfico deben ser subastados y lo recaudado debe dividirse el 20 por ciento, a cada institución que trabaja en la lucha contra las drogas.

Esas instituciones corresponden al Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, la Policía Nacional (Departamento Antidrogas), el Sistema Penitenciario Nacional y los diferentes organismos no gubernamentales que implementan programas de prevención del consumo de estupefacientes.

También el Artículo 159, del Código Procesal Penal (CPP), dice en una de sus partes que la Policía Nacional continuará con la custodia de las piezas de convicción (pruebas del delito), salvo que el juez haya ordenado su destrucción, devolución, entrega total o parcial con anterioridad.

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