José Adán Silva
Es cosa de muy poco tiempo: hoy o mañana podría acabarse la discusión sobre el tema de la de la propiedad y el Ejecutivo, a punto de aceptar la agenda de los dos partidos mayoritarios, sólo pide participar en el nombramiento de los notarios y formar parte de la comisión de pago de indemnizaciones.
Eso es lo que se conoció ayer en la segunda ronda de negociaciones que el Poder Ejecutivo sostiene con la comisión del Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el poco creíble “diálogo nacional”.
El tema de la discusión ayer fue la posibilidad de reformas a la Ley 512, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural (Inprur); el escenario fue el viceministerio de Hacienda y Crédito Público y los actores fueron Donald Lacayo, Dámisis Sirias y María Haydée Ozuna por el PLC.
Por el FSLN llegaron los diputados Alba Palacios, Marcelino García y José Figueroa y por el Gobierno estuvo el viceministro de Hacienda, Alfonso Sandino; el subprocurador Víctor Manuel Talavera y Juan Sebastián Chamorro.
Antes que finalizara la reunión, Sandino dio a conocer los aspectos que al Ejecutivo le interesan salvar una vez que la ley, ya vigente, se convierta en institución: permitir la participación de la Procuraduría General de la República en el nombramiento de los notarios que dictarán las escrituras y demás aspectos legales de la propiedad y participar en la comisión administrativa que discutirá el pago de las indemnizaciones.
A juicio de Sandino, que los partidos hayan aceptado discutir el tema es un logro. “La recepción es positiva y quiero comentar dos sentidos de esa receptividad, la aceptación de propuestas del Ejecutivo y las propuestas de enmienda al texto original de la Ley 512”.
La diputada Alba Palacios ratificó la posición de su partido al respecto: “No hay variaciones, el Inprur va a asumir todas las funciones que tenía actualmente la Intendencia de la Propiedad y entre ellas la Comisión Nacional de Confiscaciones y el pago de indemnizaciones”.
