Mirna Velásquez Sevilla Y José Adán Silva
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, señaló a la Dirección del diario LA PRENSA, de haber manipulado una información —que lo vincula con actos que reflejan tráfico de influencias—, para evitar su reelección dentro del Poder Judicial.
La reacción del magistrado ocurrió tras la publicación de una información periodística en que es evidente su relación con el abogado Walter Gutiérrez, quien enfrenta una acusación y por quien supuestamente Solís habría intercedido para conseguir un fallo favorable con la hoy destituida juez Rosario Altamirano.
“Obviamente no es más que una intensificación de la campaña que inició el diario LA PRENSA en mi contra para impedir mi reelección como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en los próximos meses y que refleja también el odio de LA PRENSA hacia mi persona por razones políticas”, señala la carta enviada por el magistrado Solís al director del Diario, Jaime Chamorro Cardenal.
Solís, de tendencia sandinista, aspira a ser reelecto como magistrado en marzo próximo, cuando se le vence el período ordenado por la ley. Dijo contar con el apoyo de abogados, universidades y espera que las dos bancadas mayoritarias del parlamento voten a su favor.
Al respecto, Chamorro manifestó que no existe tal intención de parte del Diario, puesto que el tratamiento de la información fue realizado por los editores de turno, en lo que él no participó.
“No es nada planificado. El problema es que él (Solís) ha estado en la noticia debido a este tráfico de influencias que se dice y se acusa a la Corte Suprema, entonces los editores pensaron que esa era una noticia, pero no es campaña ni mucho menos un odio”, expresó Chamorro Cardenal.
TRAE A COLACIÓN VISITA
En la misma carta, el magistrado mencionó la visita que Chamorro junto al editor de la página de Opinión del rotativo, Luis Sánchez Sancho, le realizaron en noviembre pasado para tratar sobre la necesidad de resolver un recurso contra la Ley de Colegiación de los Periodistas.
“Esto se lo puse como un ejemplo al ingeniero Chamorro en la carta, porque me molesta que por un lado, cuando se trata de hacer planteamientos que puedan significar apoyar posiciones de LA PRENSA sí, ahí sí, el magistrado que los reciba, que los atienda, que sea cortés con ellos; pero a la hora de sacar informaciones que están bastante haladas de lo que ha sido la realidad, de situaciones que se han dado en el pasado, no tiene la amabilidad o la gentileza de constatarla o de averiguar a fondo qué es lo que ha ocurrido”, expuso Solís.
Esto fue interpretado por Chamorro Cardenal como si el magistrado creyese que la visita a su despacho fue para pedir un favor, lo cual rechazó.
“(Está) como diciendo que le llegamos a pedir un favor y ahora no le correspondemos. Primero, que no le llegamos a pedir un favor, sino es un derecho que tenemos. El hecho es que la Corte tiene que dar una sentencia sobre ese juicio”, indicó.
Esta situación podría desencadenar en la celeridad para dictar una sentencia sobre el recurso por inconstitucionalidad, que introdujeron algunos periodistas y dueños de medios de comunicación contra la Ley de Colegiación.
Según Solís, el recurso debería resolverse en Corte Plena en los próximos días, “para evitar mayor especulación”.
Otro de los señalamientos del funcionario judicial compromete a la compañía norteamericana Dole Food Company, una de las empresas demandadas en Estados Unidos por campesinos afectados por el uso del pesticida Nemagón.
Apuntó que dicha compañía tiene una trama “probablemente a través de su abogado Fernando Medina Montiel”, para empañar los juicios que ha perdido.
SIN BUENOS ANTECEDENTES
El magistrado Rafael Solís, a lo largo del ejercicio de su cargo como magistrado, ha sido señalado de tráfico de influencias. En algunos casos, las jueces han sido destituidas.
¿QUÉN ES WALTER GUTIÉRREZ?
La semana pasada se conoció que una juez fue destituida de su cargo luego que denunciara las influencias del magistrado Rafael Solís, presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia, para presuntamente beneficiar a un procesado en un juicio por tráfico de piezas arqueológicas: Walter Gutiérrez.
¿Quién es este personaje por el cual habría abogado Solís, según la denuncia de la ahora destituida juez Rosario Altamirano? Es el administrador del Bufete Ojeda, Gutiérrez y Espinoza Asociados (Ogesa), cuyos abogados llevan la mayoría de los juicios tramitados en Nicaragua y Estados Unidos contra empresas norteamericanas, a las que miles de campesinos ex trabajadores de las fincas demandan por la posible exposición a la sustancia química llamada Nemagón.
Alrededor de esa demanda es que se han conocido denuncias y quejas por la persona por quien Solís habría abogado ante Altamirano, y así, el nombre de Walter Gutiérrez ha salido atado a anomalías, mentiras y hasta presunción de delitos en Estados Unidos y Nicaragua.
El miércoles 27 de agosto del 2003, unos cinco mil campesinos de Chinandega denunciaron en un lleno total en el estadio nacional, al Bufete de Walter Gutiérrez de estarles cobrando honorarios por 76 millones de córdobas mensuales, por haberles llevado el caso a Estados Unidos.
Los denunciantes, guiados por el dirigente sindical Victorino Espinales, otrora amigo de Gutiérrez y luego enemigo encarnizado del administrador del Bufete Ogesa, denunciarían a Gutiérrez ante el Ministerio Público, porque supuestamente los había manipulado y engañado para cederle poderes ilimitados para cobrar las indemnizaciones, en caso que llegaran a ganar alguno de los casos. La denuncia nunca se hizo y el Bufete Ogesa desmintió la denuncia.
En otra ocasión, en los Juzgados de Managua y Chinandega, el tecnólogo médico Bayardo Barrios Velásquez habría denunciado mediante una carta fechada el 10 de julio del 2003 en Tegucigalpa, que había falsificado los resultados de los éxamenes médicos que su laboratorio hacía a los campesinos que pugnaban por participar en la multimillonaria demanda contra las compañías transnacionales.
Gutiérrez negó tal relación y el propio Barrios, meses después, denunció que había inventado tales declaraciones contra Gutiérrez y el juicio del Nemagón, por presiones de abogados de las compañías americanas demandadas, las cuales le habrían ofrecido 30 mil dólares a cambio de decir tales cosas que afectarían el juicio.
Antes, el 20 de octubre de ese mismo año, la juez Nora M. Manella, de la Corte Central del Distrito de Los Ángeles, California, estableció en una sentencia que el juicio promovido desde Nicaragua por Gutiérrez y sus abogados, podría desencadenar en una investigación por sospechas de fraude en la presentación del caso en Estados Unidos.
La observación de la juez, retomada por los abogados de las transnacionales, decía que Gutiérrez y sus abogados habrían alterado la trascripción de las sentencias dictadas en Nicaragua en español, a las presentadas en Estados Unidos en inglés.
Molesto, Gutiérrez reconoció que efectivamente hubo un error al presentar el caso en Estados Unidos, pero insistió que los errores serían enmendados.
Los abogados de las compañías americanas se agarraron de la observación de Manella y acusaron a Gutiérrez bajo una ley especial para tratar a mafiosos: Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley Rico).
La acusación la interpuso el 23 de diciembre del 2003 la compañía Dole Food Company Inc., en Los Ángeles, California, contra unos mil campesinos nicaragüenses, ex peones de las plantaciones bananeras y los abogados de Gutiérrez, a quienes se les acusó de haber violado la Ley Rico, una legislación federal contra el crimen organizado y la corrupción en organizaciones y empresas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso estadounidense y cuya creación original se pensó para combatir a las famosas mafias italo-americanas que, al mejor estilo de Al Capone y otros capos famosos, bañaron de sangre el suelo estadounidense en las clásicas guerras de familias.
En julio del 2004 la misma juez rechazó las acusaciones y declinó seguir viendo el caso mientras no se pronuncie una Corte de Apelaciones al respecto. Actualmente Gutiérrez, aparte del tráfico de piezas arqueológicas, está impulsando una nueva demanda contra compañías americanas, para demandarlas por el uso del medicamento Vioxx, en Nicaragua, luego que se prohibiera a nivel mundial el uso de dicho fármaco.
