ACAN-EFE
TEGUCIGALPA.- El Parlamento de Honduras aprobó condenas de 20 a 30 años de cárcel para los integrantes de pandillas armadas, conocidas como maras, y grupos que se asocien permanentemente para ejecutar cualquier acto constitutivo de delito.
La pena incluye multas que oscilan entre 100,000 y 300,000 lempiras (de 5,320 a 15,960 dólares).
La iniciativa de ley, aprobada la noche del miércoles por amplia mayoría del Parlamento de 128 miembros, establece un castigo de hasta 30 años para los jefes de pandillas y 20 para los que solamente son miembros, en ambos casos por el hecho de serlo.
Además, los diputados aprobaron una reforma constitucional que le permite al ciudadano honrado, que en defensa propia, de sus parientes y bienes mate a un delincuente, ser escuchado en libertad durante el juicio.
Otra reforma aprobada establece que “en ningún caso procederá la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar en los delitos cometidos por miembros del crimen organizado o integrantes de asociaciones ilícitas”.
Esta disposición anula las medidas sustitutivas que en algunos casos los jueces aplicaban para beneficiar a delincuentes, según múltiples denuncias difundidas por la prensa local.
Las reformas aprobadas por el Poder Legislativo entrarán en vigor al ser publicadas en el Diario Oficial La Gaceta.
Los diputados también analizaron el miércoles la posibilidad de asignar una partida inicial de 20 millones de lempiras (un poco más de un millón de dólares) para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, alejada de centros urbanos.
Las nuevas sanciones contra los pandilleros y el crimen organizado fueron aprobadas tras la matanza de 28 personas en un autobús del transporte urbano de San Pedro Sula, norte del país, el 23 de diciembre pasado.
La masacre es atribuida por la Policía a miembros de la “Mara Salvatrucha”, una de las pandillas más temibles.
La nueva condena contra los pandilleros anula una reforma al nuevo Código Procesal Penal, aprobada en agosto de 2003, que establecía penas de nueve a doce años de prisión contra los jefes de “maras”, reducida en un tercio a los que solamente son miembros.
Desde que se aprobó la reforma de 2003, la Policía ha capturado más de 2,000 pandilleros, por el delito de asociación ilícita.
