- Juez Sergio Palacios admitió el cargo por terrorismo, pero descartó atentar contra la paz
Jorge Loáisiga Mayorga
El Juez Octavo Local Penal de Audiencia, Sergio Palacios, ordenó arresto provisional contra Oscar Rivera Lacayo y Jorge Iván Pineda, bajo cargos de terrorismo y descartó el delito de atentar contra la paz de la República que presentó la Fiscalía, pero dejó abierta la posibilidad de ampliar la acusación en el transcurso del proceso.
La Policía Nacional decomisó en la casa de Rivera un misil antiaéreo C2M, de fabricación soviética, y éste declaró en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que el arma le fue vendida por Pineda en 45 mil dólares en una transacción que hicieron en Matagalpa.
Las autoridades policiales le ocuparon a Pineda una minuta bancaria del Banco Uno, en la que se demuestra que depositó 38 mil dólares, que sería la supuesta ganancia de la venta del misil. El arma fue trasladada de Matagalpa a Managua en un camión blanco.
En la venta del arma habrían participado otras dos personas que aún no han sido capturadas por las autoridades policiales, pero están incluidas en la acusación.
FIJAN AUDIENCIA INICIAL
El judicial programó la audiencia inicial para el próximo 20 de enero a las 9:00 a.m.
La finalidad de la audiencia inicial es determinar si existe causa para proceder a juicio, iniciar el procedimiento para el intercambio de información sobre pruebas, revisar las medidas cautelares que se hayan aplicado y determinar los actos procesales que tomarán lugar de previo al juicio.
Los abogados defensores José Abarca y Omar Cortés se mostraron satisfechos con la decisión judicial.
El juez Palacios razonó su decisión argumentando que el delito de terrorismo y las circunstancias narradas por la fiscal hacían del hecho un delito de gravedad.
“Considero el hecho punible, de naturaleza grave y debo acoger la solicitud del Ministerio Público y decretar la prisión preventiva”, dijo el juez al ordenar la prisión para los detenidos.
Al mismo tiempo el judicial mandó a chequeo médico a los imputados debido a que la defensa del reo Rivera Lacayo argumentó que su defendido padecía de diabetes.
El caso había sido admitido en una audiencia preliminar realizada en el Juzgado Séptimo de Audiencia, pero el juez titular de esa judicatura, Abelardo Alvir, se declaró incompetente de conocer el caso por ser delitos menores que se tramitan en un Juzgado Local.
La fiscal auxiliar que lleva el caso, Zobeyda Manzanares, presentó la misma acusación por terrorismo y atentar contra la paz de la república, señalando que hubo un concurso de delitos en que el segundo absorbía al primero.
