José Adán Silva
“¿De lado de quién está el Ministerio Público?” Esa es la pregunta que ayer se hacían tanto el abogado acusador de la periodista asesinada María José Bravo, como las organizaciones de periodistas que se reunieron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El abogado acusador en el caso de la fallecida periodista María José Bravo, Mario Orozco Scott, denunció ayer al Ministerio Público ante el Cenidh, por supuestamente obstruir la justicia, negar información y no facilitar ayuda a los familiares de la víctima.
Según Orozco Scott, los fiscales asignados al caso han bloqueado sus acciones judiciales e investigaciones, aparentemente sin motivo claro.
El caso se ventila en el Juzgado de Distrito Penal de Juicio en la ciudad de Juigalpa, Chontales; ahí se procesa al ex alcalde del municipio El Ayote, Eugenio Hernández González, principal enjuiciado en el caso de la muerte de la periodista Bravo.
La corresponsal de LA PRENSA y el diario Hoy, murió de un balazo en el pecho el pasado nueve de noviembre del 2003 en la ciudad de Juigalpa, disparado por el ahora acusado, quien era militante del Partido Liberal Constitucionalista.
De acuerdo con la denuncia, los fiscales de Chontales han intentado por todas las formas negar cualquier tipo de colaboración al abogado Orozco Scott.
El abogado acusador ha dicho que las supuestas anomalías del Ministerio Público (MP) comenzaron desde el momento en que acusaron por homicidio doloso a Hernández González, cuando a juicio de Orozco existían méritos para acusar por asesinato.
“En vez de investigar han archivado el caso, han desestimado mis denuncias y ahora no están haciendo nada al respecto”, se quejó Orozco, quien fue contratado por la familia de la víctima y sus compañeros de trabajo para que interpusiera una acusación criminal autónoma por el delito de asesinato, la cual fue admitida en el juicio.
El abogado citó, por ejemplo, que los fiscales del MP no hayan cuestionado un extraño informe policial que dice que la bala que mató a la periodista rebotó varias veces antes de impactarla; además dijo que cuando le han dado algo de información, se la entregan mutilada o “equivocada”.
Orozco afirmó que también le han negado la oportunidad de contratar a peritos privados para inspeccionar las evidencias que se encuentran en manos de la Policía. Supuestamente los mismos fiscales habrían negado a la parte acusadora una copia de un peritaje donde tres supuestos testigos identificaron en rueda de presos al sospechoso.
Agregó que él ha pedido copia de tal peritaje para solicitarle al MP que por medio de una orden cite como testigos a las mencionadas personas que presuntamente habrían identificado al detenido.
“El MP y la Policía sí tienen facultades coercitivas, sí pueden obligar a las instituciones y a los particulares a dar información”, dijo Orozco Scott, quien ante los funcionarios de Derechos Humanos y agrupaciones de periodistas, denunció que debido a ese caso ha recibido amenazas de muerte y hostigamiento.
El MP, por medio del fiscal general Julio Centeno Gómez, negó las acusaciones del abogado y señaló que se han apegado a Derecho. Centeno dijo que los fiscales no tienen ningún interés especial en el caso y han actuado sujetos “al estricto cumplimiento del Código Procesal Penal”.
Centeno aseveró que no podían alterar el sistema jurídico y las leyes del país, “por el capricho” o “la necesidad de figureo” del abogado Orozco, a quien le llamó la atención para que trate de no “enturbiar la realidad de las cosas”.
