- Pobladores le reclaman que permita el libre acceso a playa de Amarillo
Noelia Sánchez RicarteCORRESPONSAL/RIVAS
Más de doscientas personas, originarias de diferentes comunidades de Tola, se apostaron este lunes frente a la sede judicial de este municipio para repudiar algunas actuaciones judiciales del juez Melvin Vargas, que según estos pobladores han sido parcializadas y reclamar el libre acceso a la playa de Amarillo.
“Fuera la corrupción, fuera el robo, fuera el juez de Tola”, decía la manta principal firmada por las comunidades indígenas. En otra pancarta de los comunitarios de Las Salinas se leía: “Sólo sin el juez de Tola habrá costas para todos”.
Periodistas de este departamento intentaron obtener la versión del juez Vargas, pero trabajadores del lugar dijeron que no se encontraba en la sede judicial, tampoco ha sido posible localizarlo vía telefónica.
El problema tiene ya varios años. Todo comenzó con la obstaculización de un camino público (según pobladores) en la playa Amarillo, luego que un inversionista nacional de nombre Bayardo Argüello adquiriera una propiedad que colindaba con este acceso que ahora también forma parte de sus dominios, según dicen lugareños.
Durante los últimos tres años, aproximadamente, este camino con acceso hacia la costa había permanecido cercado (algunas veces con vigilancia), pero desde hace tres meses un grupo de campesinos entró a la zona y rompió este cerco.
Desde entonces unos 150 pobladores se asentaron en unos tres kilómetros de costa bajo el argumento de que no quieren que éstas se privaticen.
FALLOS ARBITRARIOS
Geovany Torres, uno de los pobladores que asistió a la marcha, indicó que no estaba de acuerdo con que la costa se cerrara argumentando que ésta es libre tal como lo dice la ley.
Los comunitarios gritaban frente a la sede judicial que no se sentían respaldados por el juez de Tola ni por la judicial propietaria del Juzgado Civil de Rivas en su lucha por recuperar el acceso a las costas, asegurando que éstos nunca han dado un fallo en contra de Argüello.
En el Juzgado de Tola (y luego en el de Rivas) se han radicado varias acusaciones por parte de Argüello en contra de campesinos de este municipio, pues este ciudadano considera que ha sido perturbado en sus dominios.
Incluso ha habido varios fallos judiciales en donde se sentencia a prisión a campesinos y otras tantas más órdenes de captura para otros ciudadanos.
La Policía tiene una versión diferente en este caso. Argumenta que estos campesinos son movilizados por personas que tienen intereses en esas costas, que calculan tienen un valor de medio millón de dólares.
