Luis Felipe Palacios
El parlamento nicaragüense, controlado por liberales y sandinistas que se oponen al presidente Enrique Bolaños, aprobó ayer una resolución en la que rechaza “cualquier interferencia en los asuntos internos” que se pretenda hacer producto de las diferencias entre Ejecutivo y Legislativo por las reformas parciales a la Constitución.
“Cualquier interferencia en los asuntos internos, que sólo a los nicaragüenses compete resolver, será rechazada firmemente por la Asamblea Nacional en apego estricto a la Constitución Política”, dice la parte medular de la resolución aprobada por el voto de 79 diputados, de los 91 escaños que tiene ese Poder del Estado.
El sandinista René Núñez, nuevo presidente del parlamento, advirtió por ejemplo, que rechazarán con “energía” cualquier intervención de la OEA en el país, en caso que interfiriera en la crisis institucional.
“Si la OEA viene a observar el comportamiento constitucional, no tenemos ningún problema, (pero) si se pretende utilizar la OEA como instrumento de intervención, sí vamos a rechazar con energía esos intentos intervensionistas”, aseveró.
Núñez admitió que Bolaños tiene la facultad de buscar cualquier tipo de respaldo interno y externo, pero dentro del marco de la Constitución, las leyes de la república y de acuerdo a la soberanía del país, no fuera de ellas, porque de ser así el parlamento “va a tomar las medidas para que todas las cosas actúen conforme a la ley”.
DECLARAN “IMPROCEDENTE” FALLO DE CCJ
El presidente del Legislativo dijo, además, que la resolución reconoce y acata el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia del país, y a la vez rechaza por “improcedente” la resolución dictada por la Corte Centroamericana de Justicia, que mandó a detener la aprobación de las reformas constitucionales.
“Nuestro comunicado establece claramente que hemos aceptado la soberanía y la jurisdicción de las resoluciones de la CSJ, porque las resoluciones de la CCJ son totalmente improcedentes, y los abogados manifiestan que el concepto que puede tener esa resolución es de una aberración jurídica, porque no se agotó la competencia ni las instancias nacionales para recurrir a una instancia supranacional, y que además el Gobierno había aceptado la jurisdicción de la CSJ al introducir el recurso innominado”, indicó el primer vicepresidente del parlamento, Wilfredo Navarro.
Por tanto, Navarro anunció que la ratificación en segunda legislatura de las reformas constitucionales será una de las prioridades de la agenda parlamentaria.
Los pactistas reitearon a las autoridades civiles el respeto a la Constitución, y que no violenten la paz y la soberanía de la nación.
