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BOGOTÁ.- Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que lideraron el poderoso cártel de Cali, ofrecieron a la justicia de Estados Unidos, delatar a personajes del mundo político, judicial y militar que estuvieron al servicio del narcotráfico y el terrorismo en Colombia.
En un artículo titulado “Que tiemblen los políticos”, la revista Semana publica el domingo un documento entregado el 7 de diciembre de 2004 por el abogado de los narcotraficantes a la Corte del Distrito Sur de la Florida, con la propuesta del acuerdo judicial que busca poner a sus familiares a salvo de futuros procesos por tráfico de drogas.
Gilberto fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado y Miguel está en proceso de ser entregado a la justicia estadounidense. Ambos desataron el mayor escándalo político de Colombia al entregar cinco millones de dólares para financiar la campaña que llevó al poder al presidente Ernesto Samper Pizano, en 1994.
En el documento, el abogado de ambos narcotraficantes afirma que están dispuestos a declararse culpables de los cargos formales y quieren voluntariamente llegar a un acuerdo, aceptando sin discutir que se les imponga una sentencia de vida.
Agrega que el acuerdo está sujeto a la entrega de William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel, quien está prófugo de la justicia, a cambio de una condena reducida no mayor de 10 años por un solo cargo de narcotráfico en Miami.
El encargado de entregar la lista de personajes que estuvieron al servicio del cártel de Cali y comprometidos en casos de corrupción o terrorismo sería William Rodríguez Abadía, a quien las autoridades estadounidenses acusan de haber tomado las riendas del cártel después que los hermanos Rodríguez Orejuela fueron arrestados en Colombia en 1995, según el documento.
Al ofrecer información veraz sobre terrorismo, se podría conocer la realidad de algunos de los peores episodios de este tipo registrados en Colombia, como el incendio y destrucción del Palacio de Justicia en 1985, en el cual murieron más de cien personas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tenían a su cargo el estudio de la extradición de poderosos narcotraficantes.
Igualmente los asesinatos de Luis Carlos Galán, líder liberal y Álvaro Gómez Hurtado, caudillo conservador, ambos sacrificados en medio de la guerra terrorista desatada por los narcotraficantes entre 1983 y 1995.
La revista Semana afirma que los Rodríguez Orejuela tienen una lista ampliamente documentada de 64 personas que recibieron dinero del cártel de Cali, en la que figuran dirigentes políticos, abogados, jueces, periodistas y hasta ex miembros de las Fuerzas Armadas, que sería entregada a las autoridades judiciales de Estados Unidos en el caso de concretarse el acuerdo de cooperación.