José Adán Silva
Alguien anda mal en este caso. A 59 días de la muerte de la periodista María José Bravo hay muchas interrogantes en torno al juicio que determinará legalmente la responsabilidad de Eugenio Hernández González, el presunto autor del disparo que acabó con la vida de la periodista el 9 de noviembre del 2004.
La Fiscalía General de la República, por medio del Inspector General del Ministerio Público, Miguel Robelo Ramírez, mandó ayer una carta al abogado acusador del caso, Mario Orozco Scott, en el que le señala supuestos malos manejos en el caso de la periodista.
Robelo Ramírez le enumeró a Orozco una serie de aspectos que supuestamente debió tomar en cuenta al momento de asumir la defensa a favor de la periodista asesinada.
JUSTICIA OBSTRUIDA
La respuesta del inspector fiscal se da un día después de que el abogado Orozco anunciara que podría denunciar por obstrucción de justicia a los fiscales que llevan el caso en Chontales, Aurora Amador y Maynor García.
A juicio del abogado, los fiscales han impedido que la parte acusadora acceda a las pruebas que incriminan a Eugenio Hernández González, autor del disparo que acabó con la vida de la periodista Bravo, el pasado 9 de noviembre del 2004.
“Si no hay una respuesta interpondré una denuncia contra los fiscales por obstrucción a la justicia, porque me están bloqueando, me están dejando sin recursos”, dijo el abogado Orozco.
¿CON PRUEBAS “PRESTADAS”?
El inspector Robelo le dice a Orozco, en un primer punto, que según el Artículo 78 del Código Procesal Penal (CPP), en todo escrito de acusación autónoma se deben ofrecer elementos de convicción distintos de los presentados por el Ministerio Público.
“De esto se colige que el acusador autónomo actuará y se apoyará en sus particulares pruebas y no en las acopiadas por el fiscal, pues las de éste pueden no serle útiles, máxime cuando las acusaciones son por delitos diferentes”, dice la carta.
En el segundo punto de la carta el inspector le responde a Orozco que el mismo CPP, en su Artículo 226, establece que si una parte interesada en el caso requiere una forma de ayuda, la vía para conseguirla es la judicial.
“De manera que si usted estima que los medios de convicción recogidos por el fiscal son también idóneos para sustentar su acusación, debe solicitarlo así al juez y será dicha autoridad quien podría instruir al Ministerio Público, Policía Nacional o cualquier otra entidad pública o privada para que facilite o apoye la obtención de determinado medio de prueba”, señala la carta, entre otras cosas.
