- Medida cautelar de la Corte Centroamericana de Justicia fue aprobada por unanimidad
- “Ahora hay ambiente propicio para convenir sobre temas que beneficien al pueblo”, afirma Bolaños
María José Uriarte R. yLudwin Loáisiga López
La Corte Centroamericana de Justicia en una resolución de ayer, como medida cautelar, ordenó a la Asamblea Nacional, que suspenda el procedimiento para la aprobación de las reformas constitucionales en segunda legislatura.
Dicha institución regional consideró que la demanda presentada por el Ejecutivo el pasado 4 de enero, cumple con los argumentos que le permiten emitir la medida cautelar, bajo el supuesto que unas eventuales reformas causarían un grave e irreparable perjuicio a este Poder del Estado.
El presidente Enrique Bolaños informó en un mensaje a la Nación que la decisión fue aprobada por unanimidad de los magistrados que integran esa instancia.
“Con este fallo de la Corte Centroamericana las reformas constitucionales quedan suspendidas. Ahora el ambiente está propicio para que llegue la tranquilidad al país y entre todos los actores políticos nos dediquemos a convenir sólo sobre temas que requiere el bienestar del pueblo”, enfatizó el mandatario.
Entre los considerandos planteados en la resolución de la CCJ señalan que “el presente caso (aprobación de reformas) se trata de un conflicto entre poderes de un Estado miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), así como la posible violación de normas comunitarias, asuntos cuyo conocimiento caen bajo la competencia de esta Corte”.
Agrega que a “fin de resguardar los derechos de las partes”, se dicta la medida cautelar para que la Asamblea Nacional suspenda los procedimientos de ratificación de las reformas aprobadas el pasado 25 de noviembre, derivadas de negociaciones políticas entre los partidos mayoritarios y las que se pretendían aprobar en la primera quincena de enero.
El presidente Bolaños expresó seguridad que el Poder Legislativo acate la resolución de la CCJ y que ello dará pautas para que inicien las conversaciones entre ambos poderes del Estado en un ambiente menos tenso políticamente.
QUIÑÓNEZ: “NO ES VINCULANTE”
Para el jefe de la bancada liberal Enrique Quiñónez es “ilógico” que el mandatario haya recurrido ante la CCJ para intentar revertir la aprobación de las reformas.
“Además siempre se dijo para el caso del doctor Arnoldo Alemán que no era vinculante con las leyes nacionales, así que yo no le miro en qué pueda favorecer la situación del presidente Bolaños con respecto a lo que vivimos internamente los nicaragüenses”.
“La verdad es que la Asamblea Nacional es respetuosa de las leyes y él debiera ser el primero más bien en estar preocupado por resolver la situación a lo interno y no estar pidiendo apoyo a entidades que no son vinculantes con las leyes nacionales”, comentó Quiñónez.
Sin embargo, el ex canciller y analista político Emilio Álvarez Montalván dijo que la resolución cautelar de la CCJ, es una “luz amarilla”, que advierte a los diputados mantener el orden constitucional.
“La resolución de la CCJ es vinculante. Conforme a su estatuto, Nicaragua está obligada a acatarla, eso significa que por vez primera en este conflicto de poderes ya hay un criterio institucional de que esas reformas no pueden ser objeto de aprobación en segunda vuelta”, comentó Álvarez.
Por su parte, el asesor de Cancillería, Mauricio Herdocia, observó que el Convenio Constitutivo de la CCJ establece que sus fallos son de obligatorio cumplimiento para todos sin excepciones, y que uno de los estatutos contiene que ese Tribunal tiene un carácter supranacional.
HAY ANTECEDENTES
El canciller Norman Caldera recordó que existen precedentes en los que la Asamblea Nacional reconoce la jurisprudencia de la CCJ cuando resolvió que se suspendiera el cobro del impuesto del 35 por ciento a los productos provenientes de Honduras, posterior a la ratificación del Tratado Ramírez-López que cercenaba parte del territorio marítimo de nuestro país.
Además indicó que las sentencias son aceptadas desde que los Tratados de la Integración fueron ratificados por Nicaragua.
El Canciller precisó que en caso que el Legislativo no acate la sentencia se podría invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que sería “el colmo” y pondría en evidencia que el procedimiento “supuestamente” legal que realizaban es viciado.
En ese sentido el analista Álvarez Montalván expresó que en su momento, Nicaragua podría invocar la Carta Democrática de la OEA, la cual dice en una de sus partes que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.
“Ese fallo está tratando de que aquí no se produzca un golpe de Estado, pero si la Asamblea pasa por encima de ello indica que ya hay que usar otra medida drástica”, opinó Álvarez.
No obstante el diputado Wilfredo Navarro, al conocer de la sentencia dijo que tenían información que el Gobierno sometió a la CCJ a un chantaje económico.
“Lo que pasa es que hay una presión seria para que resuelva a su favor, definitivamente no hay jurisdicción de la CCJ, es parte de las intentonas del Gobierno de provocar que el ambiente de diálogo no sea propicio, el presidente (Bolaños) sigue en su interés de destruir la institucionalidad atacando los poderes del Estado y pretende desobedecer la Constitución”, indicó Navarro. Agregó que incluso asesores del presidente Bolaños llevaron al momento de presentar el escrito un proyecto de resolución, y les recordaron que existe un proyecto de revisión de la CCJ a nivel de los gobiernos que la integran, por lo que podían solicitar que deje de funcionar.
“Yo creo que el que las usa se las imagina, yo no sé qué prácticas llevarán a cabo las personas que están diciendo eso, pero nosotros no actuamos así”, respondió el canciller Caldera.
El diputado sandinista Edwin Castro no quiso opinar al respecto porque adujo no conocer el contenido del escrito.
EL CASO DE ALEMÁN
Con una votación de 4 a 3, los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) resolvieron en agosto del 2003 que el reo y ex presidente Arnoldo Alemán fue despojado de su inmunidad como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), al ser desaforado en diciembre del 2002 por los diputados de la Asamblea Nacional en Nicaragua.
En principio la CCJ acogió la demanda de Alemán y ordenó medidas cautelares que se suspendieron cuando la Corte emitió su resolución definitiva.
En esa oportunidad, diferentes juristas manifestaron que las resoluciones interlocutorias, laudos y sentencias definitivas que emanan de la CCJ, son vinculantes para el Estado de Nicaragua.
ENTRA EN JUEGO EL EJÉRCITO
El analista político Emilio Álvarez Montalván dijo que el fallo de la CCJ tiene distintas repercusiones y una de ellas es la entrada en el juego del Ejército de Nicaragua. “El Ejército necesita que haya un criterio institucional para decir que esas reformas no son adecuadas, entonces ya puede prender su luz amarilla, con la resolución de la CCJ”, señaló Álvarez.
