Mirna Velásquez Sevilla
El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, responsabilizó al Gobierno de haber irrespetado el procedimiento que las leyes establecen en el proceso administrativo de la Compañía Nacional Productora de Cemento, lo cual propició un fallo a favor de su devolución.
La Sala Constitucional de la Corte dictó una sentencia el 21 de diciembre del 2004 en la que deja firme la resolución de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC) que ordena a la Corporación Nacional de la Administración Pública (Cornap), devolver dicha Compañía a sus antiguos accionistas, entre ellos miembros de la familia Somoza.
“Nosotros lo que señalamos es que no hubo un debido proceso ni la tramitación de todos los recursos que se presentaron. De los tres recursos: el primero lo introdujo la Cornap, el segundo los recurrentes de revisión y el tercer recurso incluso que fue una apelación que se introdujo ante el Presidente de la República. En todos esos casos hubo violaciones al principio de legalidad porque no se siguieron los trámites establecidos por la Ley”, detalló el magistrado.
Con este argumento, según Solís, los magistrados no entraron al conocimiento del fondo del caso.
GOBIERNO TRAMITÓ RECURSOS INCORRECTOS
En nombre del Gobierno, el Presidente de la República Enrique Bolaños, introdujo un recurso que intenta revertir esta sentencia de la Corte que ordena la devolución de la Cementera, no obstante, esto no podría prosperar, pues según el funcionario judicial, el Ejecutivo no hizo uso del recurso correcto.
“Debieron de haber metido un recurso de aclaración, tenían 24 horas para hacerlo pero tal vez se les pasó el tiempo y se fueron con el innominado, pero todo eso hay que verlo el miércoles”, dijo aunque evitó profundizar sobre el tema por temor a ser recusado.
