- Fiscalía y Policía de Juigalpa “cubren” pruebas del asesinato de la periodista María José Bravo
- Desde el inicio ambas instituciones parecen proteger al asesino
Wilder Pérez R.
Las delegaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público en Juigalpa obstaculizan las investigaciones que inculpan al ex alcalde de El Ayote del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eugenio Hernández González, como el asesino de la periodista de LA PRENSA, María José Bravo, víctima de un disparo a quemarropa el 9 de noviembre pasado en Chontales.
Así lo denunció el abogado de este rotativo Mario Orozco Scott, quien en cuatro ocasiones ha viajado hasta esa ciudad para reconocer los “elementos de convicción” o pruebas en contra de Hernández, pero sin mucha suerte frente a la Policía y el Ministerio Público.
Según Orozco, el interés de acceder a las pruebas es para desvirtuar los argumentos de la defensa del criminal, la cual alega que el disparo fue accidental y que la bala la mató “de rebote”.
POLICÍA EN RIDÍCULO
La Policía local sólo le mostró de lejos las pruebas a Orozco, bajo la excusa de que sólo podían facilitarlas en presencia del fiscal.
No obstante, el fiscal Maynor García se ha negado a atender a Orozco, quien no descarta la posibilidad de pedir su destitución y la de la fiscal departamental Aurora Amador, “porque siento que la Fiscalía que nos debería ayudar está más bien bloqueando”, afirmó el abogado.
La comisionada Martha Miriam Torres, vocera de la Policía Nacional, indicó que todo acusador tiene derecho a acceder a las pruebas, y sugirió preguntarle al jefe local, comisionado Otilio Duarte, por qué se tomó la decisión contraria, pero en Juigalpa se negaron a atender las llamadas telefónicas de LA PRENSA.
¿A QUIÉN PROTEGEN?
Orozco se quejó además de los antecedentes de ambas instituciones. Primero, al aceptar los insólitos argumentos de la defensa, luego la negativa a acusar por asesinato, luego por dejar libre a Leslie Ramón Álvarez Centeno, quien habría asistido a Hernández y a Juana Duarte Blanco, esposa del asesino, por colaborar en el ilícito.
Igual decisión se tomó con la denuncia en contra del diputado liberal Dámisis Sirias y su esposa Daysi Orozco, quienes habrían sido los autores intelectuales del crimen.
“Quisiera pensar que únicamente están siendo ineficientes, pero en el fondo probablemente hay algo más que eso”, dijo el abogado.
Esos cabos sueltos son los rumores de que Juana Duarte y Otilio Duarte (el jefe policial) son hermanos, y que además éste tiene vínculos de pastoreo de ganado y extracción de madera con Hernández, pero nada de eso está comprobado.
Lo que es un hecho es que la fiscal departamental, Aurora Amador, fue secretaria de Sirias durante seis años.
El juicio oral está programado para el 25 de enero. “Buscamos la pena máxima, 25 años de cárcel, en cualquier país estaría condenado, pero como aquí todo ocurre, mejor esperemos”, advirtió Orozco.
ABOGADO AMENAZADO DE MUERTE
El abogado de LA PRENSA que lleva el caso de María José Bravo, Mario Orozco Scott, reveló que ha recibido varias llamadas anónimas que lo amenazan de muerte.
Dijo que al inicio no le puso interés, pero las llamadas han insistido en su oficina, su casa y su celular.
Además de eso, en su último viaje a Juigalpa encontró a un hombre que le dijo: “Doctor usted es valiente para llevar este caso y venir solo aquí, porque en estos lados las cosas se resuelven a machetazos”. Le dije “¿Usted me está amenazando?” Y me dijo: “Ahí tómelo como usted quiera”, relató el abogado.
Orozco solicitará protección para él, reporteros y otras personas el día del juicio.
FISCAL DECIDIRÁ HOY
Sobre la deficiente actuación de los fiscales chontaleños, el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, dijo que la carta de solicitud de revisión del caso, emitida por el abogado acusador Mario Orozco, la leyó apenas ayer, por lo que hasta hoy tendría una respuesta. “Llamáme mañana (hoy) para darte una mejor respuesta”, dijo a LA PRENSA.
