- Accionistas de Cementera no pueden venir a derogar una ley del Estado con un contrato de arrendamiento, asegura Procurador
Moisés Martínez
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Acuerdo Cemex-Somoza no es válido, dice Novoa
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Accionistas de Cementera no pueden venir a derogar una ley del Estado con un contrato de arrendamiento, asegura Procurador |
Moisés Martínez
El acuerdo alcanzado entre los representantes de Cemex Nicaragua y los antiguos accionistas de la Cementera Nacional no puede tomarse como válido, a juicio del Procurador General de la República, Alberto Novoa.
Álvaro Somoza Urcuyo, apoderado legal de su madre Isabel Urcuyo viuda de Somoza, antigua accionista de la Cementera Nacional, reveló ayer la existencia de un acuerdo entre los representantes de Cemex Nicaragua y los antiguos accionistas, para que se respete el arriendo de 25 años adjudicado a esta filial de Cementos Mexicanos, aún si aplican la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena al Estado devolver la empresa a sus dueños originales.
Sin embargo, al ser contactado telefónicamente, el procurador Novoa aseguró que este acuerdo no puede ser considerado válido, en el sentido de que los antiguos accionistas de la Cementera, entre los que se encuentran miembros de la familia Somoza, no pueden suplir al Estado nicaragüense en una negociación de contrato de arriendo.
Según Novoa, los antiguos accionistas de Cemex Nicaragua no pueden pasar por encima de una Ley de la República, aprobada por la Asamblea Nacional.
La Ley a la que se refiere el Procurador es la aprobada en el año 2001 por los diputados, certificando el arrendamiento por 25 años de los bienes y activos de la Cementera Nacional, a favor de Cemex Nicaragua.
“Pese a que exista este acuerdo, al final la que va a tener la última palabra es la Corte Suprema de Justicia, porque ésta tiene que pronunciarse sobre cuál acto legal debe obedecer el Presidente de la República; o la ley de la Asamblea Nacional que mandó arrendar la Cementera o la resolución de la Corte Suprema de Justicia que manda a devolverla a sus antiguos accionistas”, declaró el Procurador.
“Ellos (los accionistas de la Cementera) no pueden venir a derogar una ley del Estado con un contrato de arrendamiento. Ellos no pueden suplir al Estado, porque incluso si la Corte se pronuncia a favor de su sentencia que manda a devolver la Cementera, pues la Asamblea Nacional tendría que derogar la ley de arriendo de la Cementera. Como te dije, al final la Corte Suprema es la que tiene al última palabra”, insistió.
Somoza Urcuyo dijo que con este acuerdo se estaban protegiendo los intereses del Estado, ya que gracias a éste no se iban a producir los más de 100 millones de dólares en pérdidas que, de acuerdo al Gobierno, costaría la devolución de la Cementera a sus antiguos socios.
CEMENTERANO FUE CONFISCADA
Somoza también defendió la sentencia de la Suprema aduciendo que la Cementera nunca fue confiscada durante el triunfo de la revolución sandinista, y que esto fue certificado tanto por la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC) como por la misma Procuraduría General de la República, cuando ésta era dirigida por el actual Embajador en Costa Rica, Francisco Fiallos.
Somoza Urcuyo aseguró que la CNRC emitió primero una resolución “desconfiscando” la Cementera y certificando que durante el ascenso al poder del régimen sandinista éstos se apropiaron de la Cementera, pero no la confiscaron legalmente.
Incluso, mencionó que esto fue certificado por la entonces secretaria ejecutiva de la Procuraduría General de la República, Diana Avendaño Soza, en agosto del 2002.
“Con esto fue que fuimos a la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, que certificó que la Cementera estaba desconfiscada; pero 15 días después, el presidente Bolaños destituyó a los miembros de la Comisión y puso a otros miembros, que luego emitieron una resolución contraria, donde se dice que la Cementera fue confiscada”, dijo Somoza Urcuyo.
CONFISCACIÓN FUE DE ACCIONES
Al respecto, el procurador Novoa afirmó que Somoza Urcuyo no dice la verdad, cuando asegura que a su familia no se le confiscó la Cementera en la década sandinista.
“Es que aquí no nos estamos refiriendo a la Cementera como tal, como bien material, sino que nos referimos a las acciones de la familia Somoza en la Cementera. El porcentaje accionario de la familia Somoza, ése fue confiscado por el decreto emitido por la Junta de Reconstrucción Nacional en 1980. El señor Somoza está mintiendo en ese sentido”, finalizó el procurador Novoa.
