- Presidencia presenta recurso para que la Corte explique por qué el Gobierno tiene que devolver la Cementera
Moisés Martínez yLudwin Loáisiga López
La empresa Cemex de México llegó a un acuerdo con los antiguos socios de la Cementera Nacional, entre los que se encuentran miembros de la familia Somoza, para que éstos respeten el arriendo de 25 años que les fue otorgado en el año 2001 por una ley de la República de Nicaragua.
Álvaro Somoza Urcuyo, hijo de Isabel Urcuyo viuda de Somoza, reveló que este acuerdo mantendrá activo el contrato de arriendo a favor de Cemex de Nicaragua, por lo que esta empresa no será afectada por la reciente resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que estableció que la Cementera Nacional tiene que ser devuelta a sus antiguos socios.
CEMEX OPERARÁ NORMAL
Sin embargo, dado el acuerdo entre Cemex y los socios de la Cementera, la empresa mexicana podrá seguir operando de forma normal esa industria por el período establecido en el arriendo.
Los detalles de este acuerdo son de carácter confidencial, por una disposición legal acordada por los abogados de Cemex y los representantes legales de los antiguos accionistas.
NO HABRÁ PÉRDIDAS
Según Somoza Urcuyo, esto significa que la resolución de la Corte Suprema no implicará millonarias pérdidas económicas para Cemex ni para el Gobierno de Nicaragua, como ha asegurado el presidente Enrique Bolaños.
Funcionarios gubernamentales han señalado que Nicaragua supuestamente podría perder hasta cien millones de dólares por la sentencia de la Suprema.
También se había informado que Cemex perdería los 21 millones de dólares que ha invertido en la Cementera desde que empezó a arrendarla desde el 2001.
“El presidente Enrique Bolaños ha venido ensuciando el nombre de mi familia para darle el cariz político a esta sentencia, y quiere darle un color de ilegítimo a toda la actuación de la Corte Suprema”, afirmó Somoza Urcuyo.
“Ha venido usando el nombre de mi familia para decir todo un montón de mentiras. En primer lugar, la Cementera no sólo tiene accionistas de la familia Somoza, sino que son 192 accionistas en total”, añadió.
Mencionó que el porcentaje accionario de la familia Somoza alcanza solamente el 15 por ciento, del cual 9 por ciento pertenece a su madre Isabel Urcuyo.
GOBIERNO PIDE ACLARACIÓN
Mientras tanto, la Presidencia de la República interpuso ante la Corte Suprema un recurso de innominado o aclaración, para que se decida si la Cementera será o no devuelta a sus antiguos accionistas, dueños de ésta hasta el año 1979.
Fernando Zelaya Rojas, Apoderado Especial Judicial de la Presidencia, dijo que el recurso de innominado o aclaración tiene el propósito de dilucidar si el Gobierno debe acatar la Ley de Arriendo o la resolución emitida por magistrados de la Sala Constitucional a favor de los antiguos accionistas.
El Procurador de la República, Alberto Novoa, dijo que “lo más grave de esto es que las mismas personas que confiscaron, o sea miembros del partido (sandinista) que confiscó la Cementera a los señores Somoza, son ahora los mismos, junto con los otros magistrados de la parte contraria, supuestamente, los que conjuntamente devuelven la Cementera a estos mismos señores —familia Somoza—”.
Añadió que podría producirse un efecto dominó con el resto de las propiedades que hasta 1979 formaban parte del patrimonio de los Somoza.
“Podría dar un precedente a que los Somoza reclamen todas sus propiedades, porque la Corte ha derogado el Decreto 3 de confiscaciones a la familia Somoza”, sostuvo el Procurador.
Enrique Molina, secretario por la ley de la Corte Suprema, dijo que los magistrados volverán a sus actividades el 8 de enero del 2005, pero que no existe un tiempo específico para resolver a favor de cualquiera de las partes.
ESTADO MANOS ARRIBA
El Procurador de la República, Alberto Novoa, insistió en que si la Corte Suprema de Justicia resuelve a favor de la familia Somoza la devolución de la Cementera Nacional, el Estado tendría que pagar por lo menos 120 millones de dólares en concepto de indemnización.
