- A Nicaragua le costaría unos 100 millones de dólares la devolución de la Cementera a los Somoza
María José Uriarte R. yJorge Loáisiga M.
Roman, Times, serif»>
Pérdidas millonarias por sentencia de Corte
 |
A Nicaragua le costaría unos 100 millones de dólares la devolución de la Cementera a los Somoza |
María José Uriarte R. y
Jorge Loáisiga M.
Las consecuencias económicas de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena devolver a sus antiguos dueños la Cementera, ha colocado en un dilema al presidente Enrique Bolaños, por lo que presentará un escrito, el martes, ante la CSJ, para que aclare si debe obviar la ley aprobada el 29 de junio del 2000 en la Asamblea Nacional, que manda a arrendarla por un período máximo de 25 años, y así, aplicar la sentencia.
El golpe es demoledor. Nicaragua no sólo perdería 60 millones de dólares en un juicio de arbitrio internacional por incumplimiento de contrato, sino todos los activos de la Cementera, calculados en unos 40 millones de dólares, incluidos 21 millones de dólares que ha invertido Cemex de Nicaragua desde que empezó a arrendar la empresa en el 2001. Esta empresa a la fecha ha invertido 26 millones de dólares, cinco millones pagados al Gobierno en concepto de arriendo, y 21 millones en equipos y tecnología, según fuentes gubernamentales.
Ésta es una filial de Cementos Mexicanos, que firmó en el 2001 un contrato de arriendo por 25 años con el Gobierno de Nicaragua, para operar la Compañía Nacional Productora de Cemento (Canal).
La Compañía Nacional Productora de Cemento se adjudicó en arrendamiento a Cemex mediante un proceso de licitación, y en cumplimiento del artículo 6 de la ley, la empresa mexicana inició un proceso de inversión.
El mandatario recordó que si bien las sentencias emitidas por el Poder Judicial son de ineludible cumplimiento, también existe una ley aprobada en la Asamblea Nacional que establece el arriendo de la Cementera, en tanto es propiedad del Estado. El arriendo se produjo durante la administración anterior.
“Se hizo una licitación. Ofrecieron y se alquiló. Hoy dice: devuélvala a los Somoza. Entonces se va a presentar una pregunta, un recurso ante la CSJ: ¿Cuál de las dos obedezco? Una me obliga a alquilarla, y la otra me obliga a devolverla. ¿Cuál cumplo? Una es ley que me obliga a cumplirla y la otra es una sentencia de la Corte (Suprema de Justicia) que tengo que cumplirla. ¿Cuál de las dos cumplo? Porque si cumplo una violo la otra, y viceversa”, observó el mandatario.
El ministro de Gobernación, Julio Vega, no quiso pronunciarse sobre si la sentencia de devolver la Compañía Nacional Productora de Cemento tenía un trasfondo político, porque, señaló, era una pregunta para los magistrados que tomaron esa decisión, pero esperaba que los funcionarios judiciales al momento de resolver se debieran a la Constitución y a las leyes para poder fallar de acuerdo a Derecho.
“Hay un contrato de arriendo de por medio, y hay penalidades por la suspensión de ese contrato de arriendo, en este caso, si yo quiero como magistrado, a través de una sentencia dar el derecho a alguien, pero por eso debe ser consciente que al conceder el derecho, al restituirlo, yo también no estoy creando otro perjuicio mayor para el Estado”, comentó el titular de Gobernación.
La sentencia puede causar un perjuicio mayor al Estado, ya que la suspensión del contrato con Cemex puede originar una demanda contra el Estado de Nicaragua, por incumplimiento, donde tendría que pagar, según estimaciones preliminares, unos 60 millones de dólares.
Para Vega, el conflicto entre la sentencia y la ley se pudo evitar si los magistrados también hubieran declarado la inconstitucionalidad de la ley y, por lo tanto, quedaría sin ningún valor.
El presidente Bolaños agregó que de concretarse ese perjuicio, recaerá como una carga más sobre los hombros de los nicaragüenses.
OBLIGACIONES POR LEY
El artículo 6 de la ley por medio de la cual se arrendó la Cementera, establecía una obligación para que el arrendatario invirtiera en un período de tres años en el reemplazo total o parcial del combustible de los hornos, para quemar combustible más barato, como carbón o petroleum coke, la utilización de combustible alterno en los hornos, tales como astillas de madera, trozos de caucho u otros como complemento del combustible principal y en la reducción de emisiones contaminantes, para cumplir con los requerimientos ambientales fijados por el Marena.
En la ley también se estableció que los recursos obtenidos del arrendamiento de la Cementera pasen a la caja del Estado, y de volverse a arrendar, concluido el tiempo con Cemex, tendría que ser aprobado nuevamente por la Asamblea Nacional.
Durante la aprobación de la ley de arrendamiento de la Cementera, diputados sandinistas de ese período respaldaron la misma, porque aseguraban que esa empresa era utilizada por el ex presidente Arnoldo Alemán como una “caja chica”, teniendo la administración Gabriel Levy y Francisco Cifuentes, cercanos al ex mandatario.
