- La histórica apertura de juicios contra ex funcionarios del Estado, acusados por actos de corrupción dos años atrás, en este 2004 culminó con sentencias frustrantes para el Estado. El desenlace de los juicios estuvo sujeto al zarandeo de furtivos arreglos políticos entre liberales y sandinistas. El curso legal que siguieron los juicios por delitos contra el Estado fue predecible: los principales acusados fueron absueltos o declarados inocentes de los cargos bajo el denominador común de la falta de pruebas
EL SOBRESEIMIENTO DE ARNOLDO ALEMÁN
La más reciente sentencia que mandó de regreso a su casa hacienda El Chile al ex presidente Arnoldo Alemán fue dictada el 3 de diciembre. Por decisión unánime, los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), dominada por magistrados de tendencia sandinista, sobreseyeron definitivamente al ex presidente Arnoldo Alemán del juicio por la quiebra del Canal 6 de televisión estatal, y ordenaron regresarlo a su casa.
La resolución fue dictada después que las bancadas mayoritarias del parlamento, sandinistas y liberales, realizaron sustantivas reformas a la Constitución de la República.
Dichas reformas fueron objeto de cuestionamientos por parte del Ejecutivo, pero las deducciones eran que tanto las reformas como el traslado de Alemán, fueron parte de un paquete de negociaciones.
De junio a diciembre, Alemán permaneció en el Hospital Militar bajo la excusa de una cirugía menor a la que fue sometido en dos dedos de su mano derecha.
La Fiscalía tuvo su papel. En agosto de este mismo año, solicitó al Juez Primero de Distrito del Crimen, David Rojas, declarar nulo todo lo actuado en el juicio del fraude a la televisora estatal. Los argumentos se basaron en el cuestionamiento a un informe de auditoría de la firma Artiles.
De esa manera, el juicio por la quiebra del Canal del Estado casi feneció, estando pendientes hasta ahora el jurado de conciencia para unos pocos procesados que pagan una sentencia en libertad bajo fianza.
SIGUIERON LAS LIMPIEZAS DE “LA HUACA”
El 21 de julio, el ex presidente de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), Jorge Solís Farias, fue sobreseído de los cargos en el juicio de “la huaca”.
La decisión fue tomada por la entonces Juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez —ascendida a magistrada de Apelaciones— quien dijo que su fallo fue dado en base a un veredicto de absolución que un jurado de conciencia dictó en noviembre del año pasado a favor de Solís, en el juicio denominado “los checazos”, cuyos delitos imputados fueron fraude, defraudación y asociación para delinquir.
En febrero un sorpresivo sobreseimiento fue dictado a favor de Ethel González de Jerez y Valeria Jerez, esposa e hija respectivamente del ex director de Ingresos, Byron Jerez, quien durante este año obtuvo importantes victorias en el campo judicial.
La juez Alia Ampié exoneró a ambas de los cargos de peculado y asociación e instigación para delinquir, mediante la revocación de una primera sentencia de prisión dictada en septiembre del 2002 contra las procesadas.
Como en todos los juicios de corrupción que se han fallado, el argumento fue que no quedaron demostrados los delitos atribuidos por falta de pruebas. El caso de “la huaca” está pendiente de ser resuelto en el Tribunal de Apelaciones de Managua. Una sentencia condenatoria contra Alemán que ordena mantenerlo en prisión durante 20 años, está pendiente de ser confirmada.
EL FIN DE “LOS CAMIONETAZOS”
La noche del 7 de octubre fue importante para Byron Jerez. En una prolongada exposición convenció a un jurado de conciencia y consiguió que un tribunal de jurado le dictara veredicto de inocencia en el caso de “los camionetazos”, uno de los juicios más documentados en su contra.
Por decisión unánime los miembros del jurado de conciencia declararon inocentes a Byron Jerez, Jenny Mena, Harvy Mayorga, Emelda Orozco y José Benito Ramírez, procesados por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y asociación para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Hoy, Byron Jerez reclama la devolución de bienes a los jueces que tramitan los juicios de intervención. Entre estos bienes no sólo están las camionetas que hoy usa el Estado si no 2.7 millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos obtuvo mediante la venta de un apartamento a nombre de Jerez comprado con dinero del Estado.
Otro revés sufrió el Estado en julio pasado cuando la juez Alia Ampié, declaró nulo todo lo actuado en el juicio que el Estado promovió contra Jerez por fraude al Estado y al programa Polos de Desarrollo (Poldes).
Nadie fue responsable de las anomalías en la transacción de compra-venta de cinco motocicletas y dos cuadraciclos que causaron un perjuicio económico de 38 mil dólares para el Estado. Después de esta resolución, Ampié fue ascendida de su cargo de juez suplente y asumió la titularidad del Juzgado Cuarto Local del Crimen. Hoy estrena su toga porque forma parte del grupo de juzgados que pasarán a aplicar el Código Procesal Penal.
APELACIONES NO VIO “ORDEÑO” EN ENITEL
En septiembre, la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, revocó la sentencia condenatoria contra tres ex funcionarios de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), acusados de fraude y peculado mediante la apertura de una cuenta confidencial para beneficio personal.
Dos magistrados de la Sala consideraron que la acusación de la Fiscalía era extemporánea y por tanto había caducado. El razonamiento fue que la acusación debió introducirse antes del 16 de diciembre del 2003, sin embargo ésta se hizo el 26 de diciembre del mismo año, por lo que estaba fuera del período establecido y de esa forma consiguieron su libertad Pedro López Calero, Randolfo Zeledón y Juan Francisco Mendieta Gómez.
En cambio, la magistrada Martha Lacayo, quien disintió en la sentencia opinó que si los hechos descritos en la acusación ocurrieron entre el 21 de septiembre al 18 de diciembre de 1998, la fecha de prescripción del delito debió ser el 18 de diciembre, ya que este día se ejecutó el último acto delictivo, por lo que el término finalizaba a las doce de la noche del 17 de diciembre.
Esta resolución fue utilizada por el ex presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), Gabriel Levy, otro de los acusados para que el juez levantara las medidas restrictivas impuestas y la espera de una sentencia de no culpabilidad, aún estando prófugo de la justicia.
DELITOS ELECTORALES EN SUSPENSO
Han pasado dos años y el juicio que la Fiscalía inició por delitos electorales contra más de 30 personas, entre funcionarios de la administración actual, no concluye. Se espera que la sentencia sea dictada en lo que resta del año y que las consecuencias para el gobierno actual sean abrumadoras.
El juez David Rojas continuó las investigaciones con la inspección minuciosa de las cuentas bancarias que manejaron el dinero de la campaña electoral del Partido Liberal. El hallazgo más escandaloso fueron cuatro cheques a nombre del presidente Enrique Bolaños, Roberto Vasalli y Leonardo Somarriba, que fueron utilizados para la campaña electoral.
Un vendaval se formó alrededor de este juicio cuando la Contraloría General de la República impuso una multa al Presidente de la República y pidió su destitución ante la Asamblea Nacional porque supuestamente se negó a dar información sobre el origen de los fondos utilizados en la campaña electoral.
