Alberto L. Alemán Aguirre
Roman, Times, serif»>Golpes en la mesa
¿Lucha anticorrupción?
Alberto L. Alemán Aguirre
Un viejo chiste cubano describe cuando un dominicano llega al Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Al responder a todas las preguntas, arrastraba las erres, tratando de emular el modo en que muchos gringos hablan español.
Cuando el oficial le pregunta “¿Habla Ud. inglés?”, desconcertado, responde: “Oiga y… ¿qué es lo que estamos hablando?”.
Algo así pasa con la cacareada lucha anticorrupción en Centroamérica.
Sin lugar a dudas, los casos más dramáticos son los de dos ex presidentes de Costa Rica.
Con una larga tradición democrática y, aparentemente, de menor corrupción en la cosa pública, nuestros vecinos han sido testigos del destape de una asombrosa red de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de sus ex gobernantes, que en nada se diferencia de lo que pasa en el vecindario.
Sin embargo, la justicia tica es ejemplo para la región, por su alto grado de independencia y por actuar sin miramientos. Tanto Miguel Ángel Rodríguez como Rafael Ángel Calderón tienen 9 meses de prisión preventiva y tendrán que pasar la Navidad en una celda, al igual que miles de presos comunes.
En Nicaragua, todo lo contrario. Producto de un acuerdo de caudillos que amenaza con una reforma constitucional que, según expertos, podría afectar el equilibrio de poderes democrático, se ha limpiado de culpa en el caso del Canal Seis al ex presidente Arnoldo Alemán.
Ha regresado feliz a su casa, donde aguardará un fallo de la apelación en el caso de “la guaca” y de salir libre, no será sino gracias a un acuerdo político. De nada habrán servido las pruebas.
En Guatemala, asumió en enero el gobierno de Oscar Berger. Temiendo un arresto por las investigaciones de cuentas millonarias abiertas en Panamá y el desvío de millones de dólares, el ex presidente Alfonso Portillo — una de las administraciones más cuestionadas de ese país— huyó en febrero a México. ¿Deportación? Improbable.
Su ex vicepresidente, Juan Francisco Reyes, salió libre precisamente ayer, jueves, tras pagar una fianza de 128 mil 700 dólares. Se le imputa actos ilícitos. Un puñado de ex funcionarios permanece en prisión.
Al caudillo y ex dictador José Efraín Ríos Montt se le dio arresto domiciliar por el caso de la muerte de un periodista, pero eso no ha cortado la libertad de sus movimientos.
Su hijo, Enrique Ríos Sosa tiene un impedimento similar por las pesquisas de un faltante de 22 millones de dólares cuando fue jefe de finanzas del Ejército.
En Honduras, se ha visto la capitulación de facto de la lucha anticorrupción. La Fiscalía ha decidido cerrar numerosos casos que envuelven a personas influyentes. De acuerdo a la prensa hondureña, en varios de ellos se menciona al presidente del Congreso, Porfirio Lobo Sosa, un futuro presidenciable del oficialista Partido Nacional. Esto ha motivado la renuncia de un grupo de fiscales que claman por seguir los procesos.
De El Salvador pocas noticias vienen. Pero esto no significa que el problema no exista.
El Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá del PNUD (2003) dice, en una versión electrónica, que no existe un plan gubernamental en el tema, la transparencia de la gestión gubernamental es “incipiente” y que reina un amplia impunidad. Los registros oficiales de actos de corrupción como nepotismo o malversaciones, son “insignificantes”, según el reporte.
En Panamá, se investiga el uso de la partida secreta de la ex presidenta Mireya Moscoso, empleada en lujos y vanidades.
Y en términos generales, la noción de rendición legal de cuentas de la administración pública no es explícita en las constituciones del istmo, señala el reporte del PNUD.
Los gobiernos no se cansan de ensalzar su lucha sin cuartel contra el temible ogro.
Pero dado que la impunidad prevalece y la justicia no es tal en la mayoría de los casos, cabe preguntar como aquel dominicano: “Oiga… y ¿qué es lo que estamos hablando?”.
