Jorge Loáisiga Mayorga
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Presidenta de la Corte defiende liberación de narcos guatemaltecos
Jorge Loáisiga Mayorga
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno, defendió la sentencia de la Sala Penal del máximo tribunal de justicia, con la que absolvieron a tres narcotraficantes guatemaltecos pertenecientes a una red del crimen organizado, alegando que “en casación se ve el Derecho y no los hechos”.
“La sentencia fue así porque no se comprobó el cuerpo del delito”, dijo Centeno de forma tajante, quien es miembro de la mencionada Sala Penal de la CSJ.
“… En el presente caso lo que existe es una forma inadecuada de la comprobación del cuerpo del delito, que constituye un error de Derecho por infracción de una ley referente al valor, eficacia o fuerza”, dice la sentencia absolutoria.
Sin embargo, en la misma sentencia los magistrados reconocen que la Policía incautó la cocaína, es decir el cuerpo del delito, pero cuestionan el hecho de que la Policía incorporó en el acta de ocupación otros objetos que no eran la droga.
También cuestionan la prueba de campo realizada por la Policía, en la cual se puso “conceptos indeterminados como presuntivo, presume, presuntivamente, lo cual esta Sala considera indebido porque el artículo 36 del Reglamento de la Ley 285 mandata que debe establecerse como resultado si es positivo o negativo”.
“Pero más cabe señalar, que en base al artículo 49 de la Ley 285, sólo el juez puede extraer las muestras de la droga para ser enviadas al laboratorio respectivo, lo que constituye en el presente caso un exceso por parte de la autoridad policial al extraer muestras por su medio y enviarlas por el camino incorrecto al Laboratorio de Criminalística de la Policía, actitud incorrecta que está en contraposición a lo normado por la ley…”, dice textualmente la cuestionada sentencia.
DEFENSOR HERMANO DE MAGISTRADO
La presidenta de la Corte aseguró que el magistrado José Antonio Fletes se excusó de conocer la causa, porque el abogado defensor de uno de los reos, Francisco Fletes, es su hermano.
El grupo de narcos liberados pertenece a una red del crimen organizado que había establecido su base de operaciones en Nicaragua, recibiendo cocaína desde Colombia que, luego, trasladaba a Guatemala.
El jefe de la organización era el guatemalteco Azzan Chain Yasbeck. Con él fueron liberados Carlos Fernando Morales Donis y Pablo Aguik Gruest.
Éstos fueron capturados el 18 de septiembre de 2002, un día después de haberse enfrentado a tiros con la Policía en la pista de una hacienda productora de arroz, en el sector de Mina Limón, en la localidad de Monte Largo, León, donde dejaron abandonados una avioneta en llamas, 450 kilos de cocaína, armas y vehículos.
Morales, quien era el piloto de la aeronave, y Ágil Gruest fueron capturados en León, mientras que Chain Yasbeck fue atrapado por vigilantes de una finca cercana al lugar donde se habían enfrentado a la Policía. Una camioneta que éste había alquilado estaba en el lugar del enfrentamiento.
EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
Los hechos estaban relacionados con otros casos que la Policía operó después, en los que incautó otros 900 kilos de cocaína. Los mismos tenían el mismo logotipo del productor y del vendedor. Chain, Morales y Aguik fueron sentenciados en primera y segunda instancia, pero la Sala Penal de la CSJ estableció que hubo errores procesales y ordenó su liberación el pasado 14 de diciembre.
“La Ley 285 es clara en señalar los procedimientos, cuando una persona es detenida. Dice cuáles son los requisitos que va a tener el juez para poder fallar. Una de las cosas es que el juez a la hora de la captura tiene que firmar el acta y otro de los requisitos es el peritaje del laboratorio, pero no lo mandó a hacer. Con estos elementos y otros más es que se comprueba el delito”, señaló la magistrada Centeno.
“Hay que recordar que en casación no se analizan, no se valoran hechos, sólo aplicamos el Derecho; y ese es el quid de la sentencia, si el juez aplicó bien o no el Derecho. Éste era un juicio instruido con el Código de Instrucción Criminal”, agregó.
La magistrada Centeno dijo que en la Corte ha recibido 181 recursos de casación, de los cuales han fallado 109 y 36 de ellos corresponden a casos por drogas. De estos últimos, 29 se han declarado sin lugar y siete han sido admitidos.
“Si nosotros hacemos una proporción de esto, vamos a ver que el 80 por ciento de esos casos por drogas se han declarado sin lugar y apenas el 20 por ciento han sido admitidos”, dijo Centeno.
LA SALA PENAL
Los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia son Ramón Chavarría como presidente; Guillermo Vargas Sandino, Manuel Martínez Sevilla, Nubia Ortega de Robleto, Yadira Centeno González, Alba Luz Ramos Vanegas y Marvin Aguilar García.
LA PRENSA intentó hablar con ellos, pero Aguilar dijo que sólo el presidente de la Sala podía hablar. Chavarría, sin embargo, no quiso dar declaraciones.
