Luis Felipe Palacios yMaría José Uriarte R.
Los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, que controlan liberales y sandinistas, acusaron ayer al Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, de promover “la ruptura del orden constitucional y legal del país”.
La Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Vicepresidente de la República, afines a los caudillos Arnoldo Alemán (liberal) y Daniel Ortega (sandinista), en un pronunciamiento responsabilizaron al mandatario de provocar inestabilidad en el país.
Bolaños anunció la semana pasada que actuaría “por las buenas o por las malas”, contra lo que llamó un golpe de Estado constitucional de sus opositores liberales y sandinistas en la Asamblea Nacional, que aprobaron leyes y reformas constitucionales que restringen funciones al Ejecutivo.
“Estas declaraciones claramente se oponen al orden jurídico de Nicaragua, al Estado de Derecho consagrado en la Carta Magna, y promueven la ruptura del orden constitucional y legal del país, constituyendo una exhortación a los funcionarios subordinados a su jefatura a acompañarle en estas acciones violatorias del orden constitucional”, dice la declaración conjunta, leída por el primer vicepresidente del parlamento, Wilfredo Navarro, al cerrar ayer el XX período legislativo.
Los poderes y las instituciones rechazaron “el desacierto político” de Bolaños “que ha puesto en zozobra a los nicaragüenses y transmitido un mensaje equivocado a la comunidad internacional”.
Lo instan además a “no caer en la tentación de imitar actuaciones dictatoriales que pretendan la ruptura del orden constitucional”, porque con sus declaraciones “compromete a los nicaragüenses a situaciones de tensión innecesarias y riesgosas para la estabilidad y buena marcha de la gestión gubernamental”.
Algunos analistas consultados señalaron que los magistrados de la CSJ prácticamente se implicaron al firmar ese documento y podrían ser inhibidos de conocer los recursos presentados por el Ejecutivo, sobre las reformas.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno, manifestó que la declaración enviada por la Asamblea Nacional fue aprobada en Corte Plena, ya que era importante expresarse al no coincidir con las declaraciones del presidente Bolaños. “Es más bien un llamado al diálogo”, señaló.
En tanto, los legisladores Miguel López, de la bancada Azul y Blanco, y Delia Arellano, de la bancada de Camino Cristiano, consideraron que esa declaración es una demostración de poder de los caudillos Alemán y Ortega contra Bolaños.
López advirtió que este tipo de resoluciones de tres poderes del Estado, en contra del Ejecutivo, “está provocando en el país una tensión política que se incrementa”.
PACTO CONTRA BOLAÑOS
Arellano dijo que esa resolución “es algo más del pacto, porque sabemos que todas estas instituciones (que firmaron la declaración) están conformadas por sandinistas y por liberales”.
El cardenal Miguel Obando y Bravo, quien asistió a la clausura del XX período legislativo, llamó nuevamente “al diálogo y la reconciliación” para superar la crisis.
“Algún actor ha expresado que toda crisis traduce una carencia de autoridad, y es peligroso que la ciudadanía empiece a tener esa percepción por cuanto pueda caerse en el fatalismo y la anarquía, y aquí la tremenda gravedad de la responsabilidad de los sectores políticos que tienen en sus manos el destino de la nación”, advirtió.
“Por eso exhortamos, llamamos, más aún urgimos a todos los nicaragüenses que asuman el diálogo como deber propio”, añadió.
OEA ATENTA A SITUACIÓN
El Presidente del Consejo Permanente de Organización de Estados Americanos (OEA), Aristides Royo, aseguró hoy que ese organismo hemisférico mantiene estrecho seguimiento y atención sobre la evolución de la situación en Nicaragua con el fin de coadyuvar en la “preservación de la institucionalidad democrática” en ese país.
Los gobiernos de Centroamérica hicieron este miércoles un “llamado urgente” para que en Nicaragua “no se altere” con reformas legislativas la separación y el balance de poderes, porque ello afecta la democracia de este país.
