FSLN-PLC acabarán con INSS

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FSLN-PLC acabarán con INSS

	Diputados proponen deshacer el Instituto de Seguridad Social ysustituirlo por una Contraloría
	Quitarán poder al presidenteBolaños, elegirán a funcionarios y controlarán el dinero de másde 300 mil asegurados del país

José Adán Silva

El largo brazo del pacto libero-sandinista alcanzó al sistema del Seguro Social de los trabajadores nicaragüenses. Antes que finalice el año, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss) será un recuerdo y cederá sus funciones a una nueva institución bipartidista creada por diputados sandinistas y liberales: la Contraloría de la Seguridad Social.

Así lo anunció ayer el diputado sandinista y secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras.

De acuerdo con el diputado, el pasado martes 30 de noviembre introdujeron en la Secretaría de la Asamblea Nacional un dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Social, que dejará sin efecto la intervención del Poder Ejecutivo en el manejo de las cotizaciones de los más de 300 mil miembros del Seguro Social, cambiará la estructura de organización del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y eliminará de hecho la Ley de Pensiones y las privatizaciones de los servicios básicos de los empleados.

MÁS CONTRALORES

“En primer lugar debe quedar claro que el sistema de seguridad social debe ser un sistema público reformado, no tiene cabida la privatización de las pensiones, como bien ya habíamos visto y estamos solicitando que incluso la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de la Ley 340 (Ley de Pensiones), pero lo que queda establecido en la seguridad social y en la ley es un sistema público reformado”, anunció Porras.

El diputado dijo que el anteproyecto de Ley eliminará la figura del INSS y creará una Contraloría de Seguridad Social, que igual velará por los servicios médicos de los trabajadores, la administración del dinero de sus cotizaciones, el uso de las pensiones de los jubilados y la fiscalización sistemática de los fondos del Seguro Social.

“El concepto de la superintendencia de pensiones que existe, sería transformado en una Contraloría de la Seguridad Social, donde ya no serían sólo de las pensiones, sino integral, y vería el dinero de las pensiones, riesgos profesionales, dinero de la salud, enfermedades y maternidad, y ver cómo se gasta este dinero, los contratos con los proveedores de servicios y todo lo que tenga que ver”, dijo Porras.

El diputado estimó que la Ley podría ser aprobada este año, antes que finalice el período legislativo el próximo 15 de diciembre. Los nuevos contralores serían electos por la mayoría calificada de los diputados y no estarían sujetos a las decisiones del Poder Ejecutivo.

REGULARÁN TODO

“Es natural que el INSS se mantenga como ente autónomo, independiente del Ejecutivo, porque hemos visto que el Ejecutivo lo ha convertido en una gran caja; sus directores, su consejo directivo, serían electos en la Asamblea Nacional, con mayoría calificada a propuesta de los trabajadores, empleadores y diputados de la Asamblea Nacional”, dijo Porras, quien asegura que la Ley cuenta con el apoyo de las dos bancadas mayoritarias del Poder Legislativo.

Al concluir el gobierno de Arnoldo Alemán, en enero del 2002, el INSS quedó con 1,800 millones de córdobas, de los cuales 824 millones estaban como recursos líquidos en el Sistema Financiero Nacional y el resto eran compromisos de pago del Ministerio de Hacienda.

El INSS tiene actualmente 3,994 millones de córdobas en ahorros.

La presidenta del INSS, Edda Callejas, dijo que “esto es político, las reformas que necesita el Seguro Social son integrales y se tienen que ver dentro de ese contexto; el hecho de hacer esa reforma montándose en una propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social, que envió la administración del señor Alemán en octubre del 2000, deja mucho que desear”.

La nueva Ley del Seguro Social pretende crear un fondo de reserva con los recursos de los trabajadores y establecer una comisión fiscalizadora de ese fondo, el cual se alimentará, aparte de las cotizaciones de los asegurados y las multas del INSS, de recursos que el Estado pagará en concepto de deuda interna al INSS “porque el Estado le debe al INSS una deuda gigantesca de más de 8,000 millones de córdobas”.

La Ley además eliminará los sistemas de atención, diferenciada en materia de atención médica y regulará el marco jurídico de las empresas médicas privadas, las cuales serán supervisadas por el Ministerio de Salud y autorizadas por la nueva Contraloría.

De acuerdo con el anuncio del diputado Porras, la nueva ley también regulará el uso interno de los fondos de los trabajadores para evitar abusos administrativos.

“Va a quedar establecido un porcentaje de las recaudaciones para los gastos operativos, de tal modo que no quede al libre albedrío de los directores ejecutivos si se recetan tres meses de sueldo, si se aumentan el sueldo o financian carreras de caballos”, dijo Porras, en alusión al bono salarial que por eficiencia aprobó la junta directiva del INSS a la presidenta de esa institución, Edda Callejas, hace algunos meses.

ABUSOS Y MEJORÍA

Cuando los sandinistas perdieron el poder, en 1990, las reservas monetarias del INSS sólo daban para pagar un mes a los asegurados, pensionados y a los propios trabajadores del Seguro.

Al finalizar el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002), el INSS quedó con 1,800 millones de córdobas, de los cuales sólo 824 millones era dinero efectivo en el Sistema Financiero Nacional, porque el resto eran compromisos de pago del Ministerio El INSS cuenta ahora con 3,994 millones de córdobas en ahorros, ya que el gobierno actual empezó a recuperar el dinero que le debían a la institución.

Del total de ahorros, 2,673 millones de córdobas (67%) están distribuidos en el Sistema Financiero Nacional y 1,321 millones (37%) en Títulos del Gobierno, del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Nicaragua.

SIN GARANTÍA

La presidenta del INSS, Edda Callejas, dijo que la reforma del Seguro Social que pretenden los diputados “crea una desconfianza tremenda, no garantiza que vaya a haber una mejor gestión; es un atentado contra la institucionalidad del país”. Callejas pidió que trabajadores y empresarios “se pronuncien”.