- Sociedad civil demanda ampliar el proceso para analizar consecuencias
- Enmiendas podrían ser discutidas el próximo jueves por el plenario
Luis Felipe Palacios
La Coordinador Civil sugirió ayer a los miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que estudia la reforma parcial a la Constitución ampliar las consultas a la ciudadanía antes de su aprobación.
Tras participar en una reunión con los legisladores de la Comisión que presentaron el dictamen de mayoría, Vidaluz Meneses, dirigente de la Coordinadora Civil, advirtió que la reforma parcial a la Constitución “es un paso muy serio, que afecta a los nicaragüenses”.
“Estamos recomendando a la Comisión la más amplia consulta nacional, no hemos pedido el referendo porque tenemos que ser realistas, y van a contestar que no hay presupuesto”, apuntó.
Dijo que como sociedad civil organizada están ofreciendo a la Comisión su apoyo, que incluiría el trabajo voluntario y establecer la metodología de la consulta, con el fin de que “todo el pueblo nicaragüense sepamos cuáles son las consecuencias de esas reformas”, antes de su aprobación.
“Esperamos que en la Asamblea Nacional, aún cuando prevalecen los dos partidos políticos más fuertes (PLC y FSLN), y hay un pacto entre ellos —la palabra en sí no es mala, lo preocupante es lo que se pacta—, se abra y democratice el sistema político, económico y social del país”, abogó.
El secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, y el canciller Norman Caldera, en representación del Ejecutivo, no acudieron ayer ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que estudia la reforma parcial a la Constitución.
Tanto Leal como Caldera se negaron a asistir, tras alegar que se encontraban acompañando al presidente Enrique Bolaños en una gira oficial por Costa Rica, y por considerar que el período de consulta para presentar aportaciones ha vencido, dijo el diputado Nathan Sevilla.
Los miembros de la Comisión, incluyendo a Orlando Tardencilla, de la progubernamental bancada Azul y Blanco, criticaron al Ejecutivo por no asistir, y calificaron la actitud de “arrogante e irresponsable” que refleja “una política normal del Ejecutivo, en excluir el debate del Parlamento”.
