MARCELA SANCHEZ
El viaje del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a El Salvador y Nicaragua la semana pasada, envió un mensaje claro a la región: Washington no olvida a aquellos que cooperan con la administración en asuntos de seguridad. En El Salvador, el único país latinoamericano que todavía tiene tropas en Irak, Rumsfeld condecoró a seis soldados salvadoreños. En Nicaragua, Rumsfeld ofreció un apoyo incondicional al emproblemado presidente Enrique Bolaños, quien a pesar de la oposición política continúa destruyendo misiles aire-tierra que Estados Unidos cree que podrían terminar en manos de terroristas.
Más significativamente, Rumsfeld siguió su viaje para atender una reunión hemisférica de ministros de Defensa en Ecuador, esta semana. Allí no pretendió reprender a los menos cooperadores. En cambio llevó consigo un informe donde se muestra que existen puntos en común entre las prioridades de seguridad estadounidenses y las prioridades económicas de América Latina.
Durante los últimos años, la postura de “estar con nosotros o en contra nuestra” e iniciativas que sonaban más como ultimátum que como políticas, ayudaron a elevar la popularidad de líderes en la región dispuestos a desafiar a Washington. Al unir la seguridad y el desarrollo, Washington podría ahora atraer a líderes que anteriormente rechazaron su dureza pero que continúan enfrentando tremendas presiones económicas en sus países.
El informe, preparado a solicitud del Pentágono por el Consejo de las Américas, indicó que el costo de la seguridad encarece desmedidamente cualquier intento de emprender negocios en América Latina. El Consejo, una organización de más de 170 empresas estadounidenses y latinoamericanas, encuestó hace unos meses a sus miembros y encontró que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, continúan convencidos de que la región representa un riesgo demasiado alto.
El informe también concluye que compañías que hacen negocios en América Latina gastan entre un 6 y un 8 por ciento del costo anual de operaciones, en seguridad, a diferencia del dos al cuatro por ciento que gastarían en Asia. El sector privado emplea además a más de 2.5 millones de agentes de seguridad privada a lo largo de la región, para compensar la falta de una presencia policial efectiva. En algunos países la cantidad de dicho personal supera la cantidad de agentes de policía.
De ahí que estadísticas de las Naciones Unidas muestren que América Latina fue la única región en desarrollo del mundo donde la inversión extranjera directa continuó cayendo en el 2003, llegando a su nivel más bajo desde 1995.
Debiera quedar claro que el foro que escogió Washington para compartir este informe es problemático. Tal como señalan activistas de derechos humanos, discutir misiones económicas y sociales para las fuerzas de seguridad del hemisferio suena bien en abstracto, pero en el contexto de una historia de abusos militares y policiales y una creciente desilusión con las instituciones democráticas, dichas discusiones pueden ser prematuras y peligrosas.
También es cierto, sin embargo, que tal vez el foro es el lugar perfecto para empezar, especialmente si los ministros toman en serio el mensaje inequívoco del Consejo de que muchas amenazas regionales son “mejor manejadas por la policía” y los “gobiernos regionales deberían reevaluar el rol de sus militares activos en el siglo 21”.
En la región hay ejemplos recientes de efectiva cooperación en seguridad entre Estados Unidos y América Latina. A finales de los 90 algunos activistas de derechos humanos lucharon en contra de trabajar con las abusivas y corruptas fuerzas militares y policiales en Colombia. Si Washington los hubiera escuchado, dichas fuerzas estarían hoy, como mínimo, cinco años atrás en su nivel de profesionalismo y efectividad. Nadie pretende afirmar que las fuerzas colombianas se han reformado por completo, pero la percepción entre los inversionistas es que Colombia es de los pocos países en la región donde la seguridad ha mejorado.
El apoyo de Estados Unidos a la policía salvadoreña a comienzos de los 90 también es a menudo mencionado como ejemplo de una asistencia exitosa de Estados Unidos. Afortunadamente, la mayoría de los países en la región hoy no se encuentra donde han estado El Salvador y Colombia y por consiguiente no requieren mayor cantidad de ayuda estadounidense. De todos modos, según Robert Charles, secretario asistente de Estado para narcóticos, ley y orden, los fondos para ayudar a entrenar a policías, investigadores, fiscales y jueces latinoamericanos aumentarán en los próximos dos años.
Hasta el año pasado, Washington había rechazado el deseo latinoamericano de incluir la extrema pobreza y otros factores económicos y sociales como amenazas a la seguridad regional. Pero con este nuevo informe, Washington ha dado otro paso hacia esa visión “multidimensional” de la seguridad y al hacerlo ofrece explorar nuevas formas de cooperación para los próximos cuatro años.
No hay ninguna duda de que el informe y la solicitud del Pentágono para que se elaborara demuestran que la administración Bush está todavía enfocada en la seguridad.
(c) 2004, Washington Post Writers Group
