- Diputados desafían a Ejecutivo y rechazan que quieren instaurar un sistema parlamentario
- Surge dictamen de minoría pero para posponer al año 2007 la ratificación de los funcionarios del Estado
Luis Felipe Palacios
La Comisión Especial de la Asamblea Nacional que analiza la iniciativa de reforma parcial a la Constitución rechazó ayer los cuestionamientos vertidos por el Poder Ejecutivo, donde aducen que de aprobar esa Ley, el país pasaría de un sistema presidencialista a un sistema seudo-parlamentarista.
El liberal Luis Benavides y la sandinista Mirna Rosales, miembros de la Comisión, desestimaron que la aprobación de la reforma constitucional vaya a provocar cambios de ese tipo en el sistema político nicaragüense.
Ambos legisladores, tras reunirse con la experta constitucionalista María Asunción Moreno, de la UCA, negaron además que la Ley vaya a limitar las funciones al Presidente de la República y trasladarlas a la Asamblea Nacional.
SI, PERO NO
No obstante, Rosales admitió que la reforma parcial a la Constitución será de “trascendencia” para el país, porque la Asamblea por primera vez tendrá control “más efectivo” sobre ministros, viceministros, directores de entes autónomos y embajadores, a quienes el Parlamento ratificará.
Los cambios facultarán a la Asamblea a llamar a ministros y funcionarios a rendir cuentas por su desempeño y, “en el caso más grave o extremo”, se le puede interpelar y, si no está cumpliendo bien “su trabajo”, puede ser destituido con un 60 por ciento de los votos, indicó Rosales.
La Asamblea dispondrá de 15 días hábiles para proceder a ratificar los nombramientos que haga el Presidente, sobre la base de que el designado reúna las calidades profesionales, experiencia y antecedentes para el cargo, explicó por su lado Benavides.
Actualmente esa función es atribución constitucional del Presidente, sin embargo el dictamen presentado por diputados de la bancada liberal y la bancada sandinista, que se oponen al gobernante, pretenden restar esas facultades al mandatario.
EL DE MINORIA
En tanto, la diputada Delia Arellano, miembro de la Comisión Especial, presentó un dictamen de minoría, en el cual establece que la facultad de ratificar y remover a los funcionarios públicos entre en vigencia en enero de 2007, con el nuevo Gobierno.
La iniciativa, antes de ser llevada al plenario la próxima semana para su aprobación en primera legislatura, será consultada con el gobierno, asociaciones de abogados, facultades de Derecho, entre otros, para que aporten sus ideas para “hacer una mejor ley”, dijo Rosales.
LIBERALES DE RODILLAS ANTE ORTEGA
El respaldo y aprobación del proyecto de reformas constitucionales, es calificado por Lindolfo Monjarretz, secretario de Comunicación de la Presidencia, como una sumisión de parte de diputados liberales hacia el Frente Sandinista (FSLN), en su pretensión de restar facultades al Ejecutivo.
“Hay alrededor de 22 diputados (liberales), porque son 60, los que están aprobando esa ley, y hay más de 30 que no están con ese pacto, estos 22 que se llaman liberales, pero que verdaderamente se comportan como sandinistas, han sometido y han puesto al PLC de rodillas y con la cabeza hacia abajo ante Daniel Ortega, y están a expensas de las voluntades de Ortega, porque ha dicho, quiero un parlamentarismo, y se lo están dando”, señaló.
