- Alegatos del defensor del acusado no convencieron a la juez, quien decidió mantenerlo encarcelado
- Programan juicio oral y público para inicios del próximo año, y el acusador pedirá la pena máxima
Elízabeth Romero y Mercedes Sequeira
La Juez de Audiencias de Juigalpa, Raquel Montiel, mantuvo ayer la prisión preventiva para el ex alcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el municipio El Ayote, Eugenio Hernández González, acusado de matar a la periodista María José Bravo, el pasado nueve de noviembre, en Juigalpa.
Hernández fue conducido al recinto judicial para asistir a la audiencia inicial, ante la presencia de decenas de familiares de la víctima.
Estaban la madre de María José, Elda Antonia Sánchez, su hermana Esperanza Sevilla Sánchez y su pequeño hijo Néstor, además de periodistas que portaban mantas y pancartas exigiendo justicia para la corresponsal de LA PRENSA asesinada de un balazo.
“Matar la verdad no es matar al periodismo”, “LA PRENSA exige justicia”, “Exigimos justicia para María José”, se leía en mantas y pancartas desplegadas por familiares y periodistas que portando lazos negros en el pecho manifestaron su luto y dolor por la muerte de la periodista chontaleña.
El pasado nueve de noviembre, cuando un grupo de personas esperaban los resultados de las elecciones municipales de Cuapa y Santo Tomás, Chontales, la corresponsal de LA PRENSA se encontraba al lado izquierdo del muro exterior del Instituto Josefa Toledo de Aguerri, en Juigalpa, donde funcionaba el Centro de Cómputos Departamental de los comicios municipales, cuando Hernández perpetró el asesinato.
QUERÍAN SACARLO
El recinto resultó demasiado pequeño, los asistentes estuvieron expectantes en todo momento, a la espera de la decisión de la judicial que al final terminó con las esperanzas que tenía el abogado defensor, Ricardo Polanco, de que le dieran libertad condicional a Hernández.
El abogado Polanco solicitó a la judicial otra medida cautelar para Hernández, como arresto domiciliar, alegando que al imputado se le violaron sus derechos constitucionales debido a que durante la audiencia preliminar no fue asistido por un profesional del Derecho.
El abogado Polanco argumentó en defensa de Hernández, que éste no tiene antecedentes penales, es una “persona honorable”, muy reconocido en el departamento de Chontales y que habita a media cuadra del complejo judicial, por lo que a su criterio “en ningún momento puede evadir la justicia”.
Pero la judicial mantuvo su decisión de mantenerlo en prisión preventiva, como había dictado en la audiencia preliminar realizada el pasado 11 de noviembre, al considerar que según los elementos presentados por el fiscal Maylor García y el abogado acusador autónomo, Mario Orozco Scott, existen indicios de que ha cometido un hecho delictivo grave y también existe el peligro de que el imputado evada la justicia.
Además, la judicial le recordó a Polanco que durante la audiencia preliminar, Hernández nombró a otro profesional del Derecho como su abogado defensor, quien no se presentó, y posteriormente le hizo ver que él mismo, cuando se personó como su defensor, no introdujo ninguna solicitud de revisión de la medida cautelar.
Elda Antonia Sánchez, madre de María José, demandó la pena máxima para el pistolero. “Que se muera allí (en la cárcel), porque yo a mi hija no la voy a volver a ver”, afirmó.
La judicial aceptó la acusación autónoma presentada por el delito de asesinato, introducida por Orozco, y la Fiscalía mantuvo su acusación por homicidio doloso.
FISCALÍA IGNORA SEGUNDO DICTAMEN
En sus alegatos el fiscal Maylor García prácticamente no se refirió al segundo dictamen de balística —que fue rebatido por especialistas consultados por LA PRENSA— como se suponía en un inicio, y que puede servir como argumento para que la defensa alegue que se trata de un hecho accidental.
El segundo informe de balística de la Policía Nacional, firmado por los capitanes Marvin Quintero Carcache y Noel Chavarría Lezama, peritos del Laboratorio Central de Criminalística, y rubricado por el jefe del Laboratorio de Criminalística de Chontales, capitán Severino González, destaca que “se encontraron dos brechas de rebote, una sobre el andén a ocho centímetros del muro, y otra sobre el muro, 20 centímetros hacia el este de la brecha antes descrita”. Agrega que “la trayectoria del proyectil fue descendente en dirección sureste, rebotó contra el piso y ascendiendo rebota contra el muro siempre en dirección sureste, desviándose hacia el noreste, coincidente con el punto donde se ubicaba la víctima al momento de ser impactada”.
“En principio no había una primera versión de esto, y en segundo lugar es mecánicamente imposible que un proyectil rebote por dos ocasiones y haya efectuado el daño que se efectuó. Yo pienso sencillamente que es un informe balístico errado y así lo vamos a demostrar”, sostuvo el abogado acusador, Mario Orozco Scott.
“Quiero pensar de la mejor manera, que algún perito balístico ha cometido un craso error…, pero definitivamente en un momento vamos a demostrar que esos rebotes en las paredes no ocurrieron”, dijo Orozco.
También dijo que tratará de demostrar que hubo un plan criminal, orquestado por Hernández. Éste, sostuvo el abogado acusador, actuó con premeditación y alevosía, ya que con un revólver calibre 38 dentro de un bolso le disparó a su víctima “con el objetivo de enmarcar el sonido del disparo, el destello que producen las armas de fuego y tratando de que el bolso y la ropa funcionaran materialmente como un silenciador que permitiera privar de la vida a la víctima y procurarse la impunidad”.
Orozco dijo que procurará demostrar que inicialmente Hernández fue visto cuando preguntaba “¿quién es María José?”, como señala la testigo Aura Guzmán, oriunda de Acoyapa; y posteriormente fue visto en el momento preciso en que tomó posición de tiro en el lugar de los hechos, para asegurarse un mejor ángulo de disparo, y al final cuando intentó huir en dos ocasiones consecutivas, siendo detenido por efectivos de la Policía Nacional.
Orozco menciona como testigo clave a Alcides Villachica, quien “personalmente miró cuando el acusado tomó posición de tiro y se escudó detrás de una persona para asegurarse fuera a impactar en la humanidad de la periodista”.
Otro de los testigos mencionados por el abogado acusador es Miguel Alemán, habitante de Juigalpa, quien “personalmente recogió del suelo a la víctima en el momento en que fue impactada por un disparo”.
“Dice el testigo haber visto quién realizó el disparo, y en conversaciones y entrevista que este abogado acusador ha realizado a este testigo, ha dicho que vio personalmente que la persona que disparó es el acusado en esta causa”, añadió el abogado.
AMPLIARÁN ACUSACIÓN
Orozco anunció que uno de los próximos pasos que dará será ampliar la acusación, incluyendo como cómplices a la cónyuge de Hernández y al menor L.A., quien andaba en su compañía. El menor ha afirmado que tiene 15 años, pero Orozco refirió que demostrará incluso que tiene 17 años.
“Aunque sea como adolescente tiene que ser procesado conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia, y si tiene responsabilidad, tiene que ir a la prisión como manda el Código”, dijo Orozco.
PROGRAMAN EL JUICIO ORAL
La Juez de Audiencia de Juigalpa, Raquel Montiel, estableció el 25 de enero del 2005 como fecha para celebrar el juicio oral y público en contra de Eugenio Hernández González.
El abogado acusador solicitó que durante el juicio oral y público se realice una reconstrucción e inspección ocular, en el sitio donde ocurrió el crimen.
También pidió a la juez Raquel Montiel que se realice un experimento con un revólver calibre 38, para demostrar que es imposible que el mismo se dispare de forma accidental al caer de un metro de altura.
Igual pretende desvirtuar el dictamen de los peritos balísticos, que dicen que la bala tuvo dos rebotes antes de penetrar el pectoral izquierdo de María José Bravo.
