José Adán Silva
Han pasado 14 años desde el fin de la guerra, y de norte a sur del país se siguen escuchando quejas por problemas de propiedad entre antiguos miembros de la Resistencia Nicaragüense.
Ayer, dos de estos grupos se presentaron a la Sala de Redacción de LA PRENSA, a denunciar la difícil situación que se vive en la zona rural debido a la confusión sobre el derecho de propiedad, donde incluso se habla de baños de sangre y amenazas de muerte.
Desde Río Blanco, Siuna y Matiguás, en el norte del país, vinieron 42 familias campesinas de ex miembros de la Resistencia Nicaragüense, a denunciar la falta de respaldo del gobierno central para resolverles un conflicto “que nos está desgastando”, comentan.
Justino González Cantillano, quien habló en nombre de las 42 familias, relató que en 1996 recibieron ocho propiedades, con documentos y copias de títulos por parte del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, como parte del cumplimiento de los acuerdos de desmovilización de la Resistencia.
Dijo que esas propiedades fueron anuladas en el 2001, durante el gobierno de Arnoldo Alemán, y se las regresaron a una familia española que las reclamaba. Protestaron y representantes del Ministerio de Hacienda les prometieron soluciones, “pero regresamos a nuestros lugares y nada cambió”.
Dicen que en el 2002 el ex ministro de Gobernación, Alfonso Sandino, ordenó que les titularan tres fincas en Matiguás, Bilampí y Mulukukú.
TAMBIÉN EN EL RAMA
El problema radica en que las fincas estaban ocupadas por otros grupos, que las reclaman como propias, lo que generó serios problemas y demandas judiciales. Ellos piden los títulos originales para demostrar que están en legalidad, pero no han recibido respuestas.
Ayer también se presentó a LA PRENSA el señor Pedro Granados, originario de El Rama, Región Autónoma Atlántico Sur, a denunciar que por enredos de las autoridades gubernamentales se advierte un clima hostil entre dos grupos de campesinos que amenazan con usar la fuerza para reclamar dos propiedades ubicadas en el sector conocido como Caño Adolfo, en el municipio El Rama.
“Tenemos posesión de la tierra desde hace nueve años, cuando nos extendieron varios documentos legales y certificados ante un juez, pero ahora aparece un grupo de ex Resistencia diciendo que nuestros documentos fueron anulados, que ellos son los dueños y que pronto recibirán un título de propiedad del gobierno, para desalojarnos”, denunció Granados.
EL FUEGO AVISA
Pedro Granados, originario del municipio de El Rama, dijo a LA PRENSA que la situación por un conflicto de propiedad en la comunidad Caño Adolfo es tan tensa que ya se han quemado casas, botado cercos y hay amenazas de muerte con armas de guerra.
