- Legislador liberal argumenta que necesitan fusiles para repeler a los delincuentes
Luis Felipe Palacios
El Parlamento aprobó ayer un artículo en la Ley General de Armas, que permitirá a diputados, ministros, embajadores y a sus acompañantes, portar armas de guerra, como el fusil AK y armas de ráfaga, entre otras, para su defensa personal.
El diputado liberal Francisco Sacasa, padre de la moción, dijo que ellos requieren usar AK para repeler a las bandas de delincuentes que puedan conspirar contra los legisladores.
“Soy diputado de la RAAS (Región Autónoma Atlántico Sur), lugar muy peligroso porque muchas bandas armadas se encuentran en esa zona, al igual que en el norte y centro del país, por tanto es necesario que nosotros (los diputados) podamos tener una defensa”, justificó.
Agregó que los legisladores, al no andar custodiados como el Presidente de la República, el Vicepresidente o algunos ministros, necesitan “tener accesibilidad a un arma un poquito más pesada que pudiera repeler el ataque de estas bandas”.
“Podemos andar perfectamente un AK, armas de guerra; no estamos hablando de lanza-cohetes ni ametralladoras pesadas, solamente lo convencional que hemos andado siempre”, señaló.
TODA UNA BANDA
La moción, aprobada por el voto de 64 legisladores, en el artículo 23 de la Ley de Armas autoriza la tenencia de armas de fuego y municiones destinadas exclusivamente a la protección de funcionarios públicos, quienes en virtud de su investidura gozan de inmunidad, “así como el personal a su servicio”.
También abarca a las misiones o funcionarios diplomáticos acreditados en el país.
Esa moción derrotó por 60 votos a una propuesta de la legisladora Delia Arellano, presidenta de la Comisión de Defensa y Gobernación, quien sugirió que se especificara la autorización de armas de fuego “de uso civil”, es decir pistolas y revólver, entre otras.
“Una pistolita en el río Mico o en El Rama, donde anda gente armada con AK, no es posible para defenderse de un secuestro, teniendo posibilidad de usar armas ligeras, AK, escopeta automática o un arma de ráfaga para intimidar a cualquier banda que nos quiera atacar”, alegó Sacasa.
El legislador liberal explicó que la moción aprobada no tiene límite para ver qué tipos de armas puedan usar, y que quedará a discreción de la Policía la regulación de las armas que podrán portar.
No obstante, el sandinista José Figueroa, vicepresidente de la Comisión de Defensa, negó que ese artículo permita usar armas restringidas a los funcionarios públicos, incluyendo a sus colegas.
“Esta Ley General de Armas únicamente regula armas de uso civil, no otorga licencia de portación de armas de uso restringido, y menos aún de armas de usos prohibidos”, sostuvo.
“El artículo 23 lo que hace es legalizar lo que ya existe alrededor del arma para la defensa personal que tienen los diputados de la Asamblea, no otorga licencia para armas de uso militar a ningún diputado ni a ningún funcionario público, sino el derecho que tiene para portar una licencia de arma para su defensa personal”, añadió.
Sin embargo, a juicio de la diputada Arellano, al eliminar la frase “de uso civil” en el artículo 23, la interpretación queda a total discreción y los legisladores pueden portar cualquier tipo de armas, incluyendo las de guerra.
El comisionado Juan Ramón Grádiz, asesor jurídico de la Policía Nacional, dijo que analizarán los alcances del artículo 23, en el cual entendía que se iba a especificar el término de armas de fuego de uso civil.
En el pasado, diputados como Fernando Avellán, el diputado “bígamo” Marlon Castillo, y Omar Cabezas, entre otros, se han visto envueltos en escándalos públicos por abusar de sus armas.
