Mirna Velásquez Sevilla
El papel que juega el Ministerio Público frente a los casos de delitos graves como el de la violación, es muy reducido, según datos suministrados ayer en un foro nacional sobre la aplicación del Código Procesal Penal y el acceso a la Justicia, promovido por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Es precisamente este dato, lo que constituye una de las principales inconformidades de las víctimas con el nuevo modelo de justicia.
Otra de las razones que generan desconfianza es la amplia discrecionalidad que tiene la Fiscalía para determinar en qué casos va a acusar, y en qué casos no, según el estudio que fue presentado ayer por Anielka Pacheco, del Cenidh.
“Durante el año 2003 el Ministerio Público, según datos estadísticos de esa institución, ejerció la acción penal (acusó) únicamente en el 30 por ciento de los casos que recibió y dejó en mora fiscal un 44 por ciento de estos casos”, puntualizó Pacheco.
Principalmente, en delitos de carácter sexual, asociados a violencia sexual e intrafamiliar y de carácter patrimonial, es donde se da la falta de ejercicio penal de parte de la Fiscalía.
El Código Procesal Penal es un modelo de justicia dominado por la oralidad de los juicios y por la acción de acusar en lugar de denunciar, como ocurría hasta antes del 24 de diciembre de 2002.
No obstante, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Aguilar, uno de los defensores del Código Procesal, indicó que son mayores los avances que los desaciertos de este nuevo Código.
Aseguró que el hecho de investigar y luego acusar, es una garantía que da seguridad jurídica a los usuarios de la justicia.
