- Juzgado Penal del Adolescente carece de capacidad para dar seguimiento a 443 menores infractores en Las Segovias
- Piden respaldar las medidas de educación y reintegración social
Adolfo Olivas OlivasCORRESPONSAL/ ESTELí
Al despegar con una campaña de sensibilización, organizaciones no gubernamentales que trabajan con sectores infantiles y juveniles, exigen al gobierno la asignación de mayores recursos humanos y materiales para el fiel cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, que arriba a su sexto aniversario de entrada en vigencia.
El Código de la Niñez y la Adolescencia, integrado por tres libros, entró en vigencia el 24 de noviembre de 1998, reconoce los derechos y establece los deberes y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes.
Su Libro Primero contempla los derechos, libertades garantías y deberes; mientras que el Segundo contiene los temas de la política y el Consejo Nacional de Atención Integral, y el Tercero se refiere al sistema penal de justicia especializada.
La Juez Penal del Adolescente para Las Segovias, doctora María Elsa Laguna Herrera, expresó que esa judicatura carece de personal para darle seguimiento a 443 infractores, menores de 18 años, que son sancionados con medidas especiales que enfatizan la rehabilitación más que el castigo.
CARECEN DE RECURSOS
La doctora Laguna Herrera indicó que la vigilancia y la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia son responsabilidades primordiales del Estado y de la sociedad, pero que se carece de los recursos humanos y materiales indispensables en los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí.
“La medida de prestación de servicios a la comunidad, no la aplicamos, porque las alcaldías no asumen esa responsabilidad, a pesar de que está contemplada en la ley”, manifestó la doctora Laguna Herrera.
Los delitos radicados con mayor frecuencia en ese Juzgado, son, lesiones, violaciones, robos con fuerza y violencia, alteración al orden público, exposición de personas al peligro, hurto y daños a la propiedad.
RESPALDAR MEDIDAS
Durante el lanzamiento de la campaña de sensibilización, la doctora Maribel Mena Maldonado, presidenta del Tribunal Regional de Apelaciones, pidió a las organizaciones civiles respaldar las medidas de educación y reintegración social a favor de los adolescentes que infringen la ley, para evitar su reincidencia.
CREARÁN COMITÉ
Representantes del Instituto Nicaragüense de Promoción Humana (Insfop), Aldeas SOS, Movimiento Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores (Milaf), Comisión de la Niñez y la Adolescencia de Estelí (CNAE), Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil (Funarte), entre otros, organizaron un comité de respaldo al Juzgado del Adolescente.
Freddy Casco, director ejecutivo de la CNAE, considera que han trabajado con el propósito de asegurar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, pero que aún falta la participación efectiva del gobierno, fundamentalmente del Ministerio de la Familia.
«Tenemos el gran reto de hacer cumplir el mandato constitucional que reconoce al niño como sujeto de derechos y obligaciones, creando una cultura de respeto a los derechos, y comprometer la voluntad de los gobiernos, locales y nacional, para invertir en la niñez», dijo Casco.
