- Pide al Tribunal de Apelaciones que suspenda cualquier acto que persiga su destitución
Mirna Velásquez Sevilla
En un intento por revertir el proceso de desafuero que se gesta en el Parlamento, el presidente Enrique Bolaños Geyer recurrió de amparo ayer contra los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR) y los diputados.
La acción legal del Presidente se produjo días después que los contralores colegiados le impusieron una multa de dos meses de salario y pidieron a los diputados su destitución, porque supuestamente se negó a informar sobre el origen de los fondos que alimentaron las cuentas bancarias de su campaña electoral.
Cerca del mediodía, el presidente Bolaños solicitó a los magistrados miembros de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, que ordenen tanto a los contralores como a los diputados la suspensión de cualquier acto conducente a conocer, tramitar o resolver sobre su destitución.
El argumento del Presidente es que el Consejo Superior de la Contraloría General de la República no tiene facultades o competencia para establecer responsabilidad administrativa, ni para imponer multas ni pedir su destitución y la Asamblea tampoco puede tramitarla.
La CGR “ha violentado mis derechos y garantías constitucionales. La resolución es absolutamente nula por vicios de forma al sometérseme a una investigación administrativa gozando de inmunidad, y también por vicios de fondo, al no ser la CGR el órgano competente para imponerme sanciones, menos para destituirme”, refiere en parte el escrito presentado por el Presidente.
“El Consejo Superior de la CGR me inició una investigación por hechos ocurridos cuando ya no era Vicepresidente de la República y determinó responsabilidad administrativa en mi carácter de Presidente de la República”, añade.
DISCUSIÓN JURÍDICA
El 26 de octubre pasado, Apelaciones dio trámite a 40 recursos de amparo que introdujeron varios ciudadanos a favor del Presidente. No obstante, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), analiza si admite o no los recursos, porque algunos miembros consideran que un recurso de este tipo, solamente cabe cuando la parte agraviada es la recurrente.
La discusión se centra ahora en que el Presidente no tiene derecho a recurrir de amparo por su condición, pero para el procurador Novoa, está por encima el principio de igualdad de los nicaragüenses.
“Lo que pasa es que la norma dice que no se puede amparar, sin embargo por el principio de que todos somos iguales ante la ley, que no habrá discriminación por x o y razón, todos los ciudadanos, inclusive el Presidente, tienen derecho a ampararse”, dijo Novoa.
El magistrado Roberto Borge Tapia, presidente de la Sala Civil Uno, explicó que si existiesen contradicciones serán dirimidas por la Sala Constitucional.
Según el procedimiento establecido en la ley, Apelaciones debe revisar si el recurso introducido reúne algunas formalidades y decidir si se tramita o no. Si se tramita, pasará a la Sala Constitucional de la CSJ, para que ésta revise el fondo del asunto.
El magistrado afirmó que normalmente los recursos de amparo tienen una tramitación muy breve en cuanto al tiempo.
Borge dijo que de manera general “toda persona, según la Ley de Amparo, tiene derecho a recurrir”, cuando considera que se le han violado los derechos o puedan ser violentados.
El magistrado expuso que el tribunal debe estudiar qué tipo de acto se reclama y determinar si tienen o no capacidad para suspender el acto.
PELIGRA INSTITUCIONALIDAD
El procurador Novoa, por su parte, indicó que hay una preocupación porque no se rompa la institucionalidad en el país, por lo tanto ve la necesidad de hacer uso de todos los recursos legales.
Cabe recordar que el presidente Bolaños tiene pendiente en el Parlamento una acusación en su contra por supuestos delitos electorales, instado por la Fiscalía General de la República.
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