Fernando A. Malespín
La actitud de los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República en contra del Presidente, tiene repercusiones que afectan directamente el equilibrio institucional y democrático de Nicaragua.
Es obligación prioritaria de los contralores defender los fondos públicos que pertenecen a todos los nicaragüenses, pero deben hacerlo profesionalmente, dando ejemplo de imparcialidad, honradez y amabilidad como corresponde a todo servidor del Estado que es pagado con los impuestos de los ciudadanos.
No debe sorprender a los contralores que el pueblo dude de la imparcialidad de las resoluciones contra el Presidente de la República, porque conoce perfectamente que el origen de sus nombramientos es el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Las encuestas de opinión confirman plenamente la justificada posición de la mayoría de los nicaragüenses.
Ante esta realidad irrefutable los contralores tienen un reto de conciencia, no sólo como funcionarios públicos sino como hombres: ser fieles a los mandatos de sus caudillos, o cumplirle a la Patria siendo obedientes a la Constitución y las leyes.
