Mirna Velásquez Sevilla
Las repercusiones en materia judicial, si el Gobierno no accede a dar los mil 113 millones de córdobas que demanda la Corte Suprema de Justicia (CSJ), serían graves, advirtieron ayer funcionarios de ese Poder del Estado en una exposición en la que participaron jueces y magistrados de Managua.
La presidenta de la Corte, Yadira Centeno, expresó que el próximo paso que dará el Poder Judicial es hacer conciencia en los diputados de la Asamblea Nacional para que aprueben el cuatro por ciento que manda la Constitución.
Centeno dijo que después de haber expuesto ante la Corte en pleno el problema presupuestario, pretenden exponer el tema a las Cámaras de Comercio y a quienes reclaman eficiencia al Poder Judicial.
“UN DESASTRE”
“Vamos a cerrar filas. Los magistrados y jueces vamos a ir a la Asamblea Nacional. Ya enviamos una carta con una explicación a todos los miembros de la Comisión Económica para que vean que esto ha sido un desastre, este Poder Judicial sin dinero”, expuso la magistrada.
“Si quiere la población, el Gobierno y toda la gente que nos dice que seamos eficientes, también nos tienen que ayudar con el presupuesto”, añadió.
El secretario general Administrativo, Róger Espinosa, explicó que la Corte necesita mil 113 millones de córdobas de presupuesto para el año 2005, pero el Ministerio de Hacienda nada más propuso del Gobierno 511 millones, lo cual implicaría —entre otras cosas— que no habrán recursos para crear seis juzgados en los municipios de El Cuá, El Ayote, Wiwilí, Mulukukú, Ciudad Sandino y El Crucero, para lo cual se requieren 1.5 millones de córdobas.
150 plazas de secretarios de actuaciones para los juzgados locales únicos que implementarán el Código Procesal Penal, también dejarán de crearse. Este será otro de los efectos directos y requiere de 11.3 millones de córdobas en salarios más los gastos de equipamiento.
Espinosa expuso que el criterio de la CSJ es que el cuatro por ciento que demandan debe calcularse sobre el total de los egresos del Presupuesto General de la República, lo cual difiere de Hacienda, que hace los cálculos incluyendo los fondos que genera la misma Corte, mediante la prestación de algunos servicios como los ingresos generados de las rentas con destinos específicos, es decir, los ingresos esperados de los registros y los recursos externos.
Centeno ejemplificó que hay juzgados usando las mismas computadoras que hace 20 años, por lo que urgen modernización.
