- Solicitud afecta a la esposa de Calderón
SAN JOSé/ AFP, ACAN-EFE
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Piden embargar bienes de ex presidentes ticos
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Solicitud afecta a la esposa de Calderón |
SAN JOSé/ AFP, ACAN-EFE
La Procuraduría General de Costa Rica pidió el embargo de bienes y cuentas bancarias de los ex presidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, ambos en prisión preventiva por supuestos hechos de corrupción que investiga la Fiscalía, informó ayer una fuente oficial.
La entidad, que representa al Estado, solicitó también que se embarguen bienes y cuentas a la Corporación Fischel (privada) y a su presidente Walter Reiche, así como a la esposa de Calderón, Gloria Bejarano.
El interés de la Procuraduría “es tratar de recuperar los dineros, supuestamente sustraídos por las personas investigadas, y coadyuvar con las investigaciones que realiza el Ministerio Público (Fiscalía)”, explicó el procurador Gilberth Calderón.
La solicitud no establece montos específicos para el embargo, excepto en el caso de Bejarano, contra quien se pide un embargo por el equivalente de 80,000 dólares, afirmó el funcionario.
El ex presidente Calderón (1990-94), recluido en una celda de máxima seguridad en el centro penitenciario La Reforma, es sospechoso de dirigir una conspiración de funcionarios y empresarios privados, para apropiarse de unos 9 millones de dólares de un préstamo por 39 millones que el Gobierno de Finlandia otorgó a la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La Corporación Fischel y su presidente Walter Reiche, actuaron como representantes locales de la compañía finlandesa Instrumentarium, que vendió materiales y equipos a la CCSS, y también habrían participado en la distribución de “premios” y “comisiones” que se repartieron funcionarios y políticos costarricenses.
Rodríguez, quien se vio forzado a renunciar a la Secretaría General de la OEA a raíz del escándalo, apenas un mes después de haber asumido el cargo, es acusado de recibir sobornos de la transnacional francesa Alcatel, proveedora del estatal Instituto Costarricense de Electricidad.
Rodríguez, Presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002, se encuentra en prisión domiciliaria en un apartamento de un populoso barrio josefino, pero la Fiscalía ha pedido que se revoque ese beneficio y se le traslade a una cárcel común.
PROCESO A ALCALTEL
Varias empresas extranjeras, como la francesa Alcatel y la estadounidense Unysis, investigadas en Costa Rica por supuestas irregularidades en contratos con el Estado, podrían ser sancionadas con una prohibición de hacer nuevas contrataciones, informó ayer una fuente oficial.
El Contralor General, Alex Solís, anunció que funcionarios de la entidad que dirige y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) iniciaron esta semana la recopilación de documentos para levantar un proceso contra Alcatel, presuntamente involucrada en pagos de sobornos a políticos y funcionarios costarricenses.
El ex gerente de Alcatel en Costa Rica, Edgard Valverde, se encuentra detenido en un centro penitenciario de San José, acusado de asociación ilícita, corrupción agravada y enriquecimiento ilícito.
La Contraloría también investigará un contrato de la finlandesa Instrumentarium Medko-Medical con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por 39 millones de dólares que fueron otorgados en crédito por el Gobierno de Finlandia.
Por este caso también están presos el ex presidente Rafael Ángel Calderón (1998-2002) y ex empleados de la institución, que se habrían repartido unos nueve millones de dólares en “comisiones” ilegales.
OEA SERÁ MÁS CAUTA
La Organización de Estados Americanos (OEA), que promueve la lucha contra la deshonestidad política, deberá escoger cuidadosamente a su próximo titular, buscando que esté libre de sospechas de corrupción, señaló ayer el Secretario General interino, Luigi Einaudi.
“Es inconcebible pensar en un corrupto como Secretario General de la OEA”, dijo Einaudi en declaraciones a la prensa en ciudad de México, a donde llegó para inaugurar, hoy, un foro interamericano sobre la niñez.
Einaudi formuló la declaración al referirse al caso del ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez, quien dimitió al cargo de Secretario General de la OEA, forzado por denuncias de haber tenido una conducta impropia cuando ocupó la jefatura del Estado.
