Efecto “bumerang” amenaza a Bolaños

Como si de un bumerang se tratara, las acusaciones que hace dos años el Poder Ejecutivo lanzó contra el ex presidente Arnoldo Alemán y otros ex funcionarios por delitos vinculados a actos de corrupción, han regresado con fuerza contra el presidente Enrique Bolaños, y amenazan gravemente a su administración.

La actual amenaza contra Bolaños, más allá de sus consideraciones jurídicas, está representada en una resolución que el pasado jueves siete de octubre emitió el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, contra el mandatario, a quien estableció una sanción administrativa de multa de dos meses de salario, más la destitución del cargo.

La multa de dos meses de su salario fue dirigida mediante un oficio ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y la solicitud de destitución fue enviada a la Asamblea Nacional, donde si bien hasta ayer en la tarde no había llegado, ya había provocado un encendido debate sobre la legalidad de la misma.

EL ORIGEN

Todo comenzó el 7 de agosto del 2002. Esa tarde, en el Centro de Convenciones Olof Palme, el presidente Enrique Bolaños acompañado de parte de su gabinete, presentó por medio de la Procuraduría General de la República una denuncia espectacular sobre la corrupción de su antecesor, Arnoldo Alemán, que se llamó popularmente “la huaca”.

Ahí el procurador Francisco Fiallos denunció que en la gestión de Alemán se lavaron cerca de 100 millones de dólares que, saliendo del erario, fueron a parar a distintas cuentas que abrieron en Panamá, Estados Unidos y otros países, Alemán y otros funcionarios públicos, entre ellos el ex director general de Ingresos, Byron Jerez (para entonces detenido).

De esa denuncia pública pasaron a los hechos; el procurador especial Iván Lara interpuso la acusación, que terminó en manos de la Juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez. El nueve de agosto, durante el proceso indagatorio, Jerez declaró que todos los altos funcionarios de Alemán, incluyendo a Enrique Bolaños que era Vicepresidente de Nicaragua en tiempos de Alemán, recibieron durante cinco años dobles salarios, cuyos fondos salían de las cuentas que abiertas en Panamá se alimentaban desde Nicaragua.

Por primera vez en todo ese tiempo, el nombre de Enrique Bolaños salió a relucir vinculado a los actos de corrupción que él mismo denunció, al señalar Jerez que el entonces Vicepresidente recibió durante cinco años un sobresueldo.Tras las indagaciones de Méndez por diferentes bancos, y después de escuchar a una cantidad de ex funcionarios públicos y allegados al PLC, determinó que dentro de los hechos investigados había indicios de delitos electorales, y así los incluyó en sus investigaciones. El 10 de septiembre del 2002, la juez Méndez dictó sentencia interlocutoria contra los acusados de lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos, asociación para delinquir y delitos electorales. Además, ordenó a las instituciones encargadas de investigar y acusar, como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, investigar a una serie de personas por delitos electorales y abrir proceso contra ellas. La juez Méndez no mencionó a Bolaños en esa lista a investigar, pero lo citó como testigo en el juicio. La entrevista se realizó en Casa Presidencial.

LA ACUSACIÓN

El 29 de octubre del 2002, el fiscal general Julio Centeno Gómez y la fiscal electoral específica Blanca Salgado, denuncian a Bolaños, al vicepresidente José Rizo y a 30 personas más (entre funcionarios y ex funcionarios) por delitos electorales. La denuncia contra los funcionarios y ex funcionarios se hizo en los Juzgados de Managua, siempre ante Méndez, y la denuncia contra Bolaños y Rizo se hizo en la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo día Bolaños anunció que renunciaría a su inmunidad para enfrentar el caso. Nunca lo hizo.

A raíz de la acusación de la Fiscalía, la juez Méndez solicitó a la Contraloría iniciar auditorías a determinadas cuentas de la Presidencia en el Banco Central de Nicaragua. En el proceso de investigación, y tras una entrevista con un amnésico Arnoldo Alemán en su Hacienda El Chile, éste confirma la existencia de un par de cuentas que la Presidencia y el Ministerio de Hacienda abrieron en el Banco Central de Nicaragua (BCN), la cual supuestamente se abrió con fondos donados por Taiwan.

Los auditores de la Contraloría iniciaron auditoría especial para verificar los movimientos de ingresos y egresos de las cuentas número 22520101001074 “MHCP/Ministerio de la Presidencia – Fortalecimiento Institucional – Donación Taiwan” y 22520101001103 “MHCP/Apoyo Institucional Presidencia de la República”, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administradas por el BCN.

Tras varios meses de trabajo en coordinación con la juez Méndez, la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos, el Consejo Supremo Electoral y el mismo Partido Liberal Constitucionalista (PLC), se determinó que de esas cuentas salieron fondos para alimentar cuentas corrientes que el PLC abrió en diferentes bancos privados del país, para financiar la campaña electoral del PLC, en el 2001.

EL ARGUMENTO

Al solicitar información a los bancos, la Contraloría encontró algunas cuentas bancarias donde se señalaban depósitos millonarios por personas cuya identidad hasta la fecha sigue oculta, a favor de la campaña Bolaños-PLC. De acuerdo a los contralores, el PLC supuestamente recibió por distintas vías cerca de 522 millones de córdobas, de los cuales reportó únicamente 81 millones, quedando 411 millones en el aire.

El vocero de la Presidencia, Lindolfo Monjarrez, dijo que el equipo de campaña presidencial de Bolaños entregó varias auditorías certificadas luego por la misma CGR, sobre los gastos de la campaña 2001. El mismo presidente Bolaños dijo el pasado 8 de octubre, en conferencia de prensa, que él sí había respondido a las preguntas de los contralores. “He contestado las preguntas que me ha hecho la Contraloría, pero quizás no he dicho lo que ellos quieren oír, yo sólo digo la verdad, no puedo decir otra cosa”, dijo en mensaje a la Nación.

Entre los hallazgos detectados en la auditoría, según la resolución de la Contraloría, se halló la cuenta corriente número 0011016825 en dólares, a nombre de Enrique Bolaños y/o Roberto Vasalli y/o Leonardo Somarriba, manejada en el Banco Caley Dagnall hasta por la suma de 7,150,172.66 (siete millones, ciento cincuenta mil ciento setenta y dos dólares con 66/100).

“No logramos determinar la identidad de las personas o entidades que realizaron estos depósitos, en vista de que a la fecha el abogado Macario Estrada Cousin, representante legal del presidente Enrique Bolaños, en sus comunicaciones ha tratado de justificar el por qué no se informa sobre la procedencia de los fondos en mención, por lo que no se pudo obtener una respuesta satisfactoria al requerimiento realizado”, dice el informe de la Contraloría.

De acuerdo con ese documento, a Bolaños se le pidió en un par de ocasiones que respondiera por esa cuenta, pero por medio de consideraciones legales de su abogado Estrada, el mandatario se negó a revelar la información solicitada por el ente fiscalizador.

“La resolución menciona que el Presidente no ha cumplido con entregar información sobre una cuenta del Caley Dagnall, pero desde el 2 de abril del 2003, dicho banco remitió el expediente, con copias de órdenes de cuentas y transferencias”, argumenta Estrada, quien además asegura que el mandatario envió el pasado 11 de marzo las respuestas de un pliego de 18 preguntas que los auditores le hicieron. Esta supuesta negativa presidencial, dicen los contralores, les impidió “identificar la procedencia de los fondos de cinco cheques de gerencia que fueron emitidos por el Banco de la Producción a nombre del ingeniero Enrique Bolaños, hasta por un monto de US$326,000.00 (trescientos veintiséis mil dólares estadounidenses). Según el Banco de la Producción, estos cheques se emitieron conforme instrucciones del St. George Bank Trust, por intermedio del Barclays Bank, de Gran Caimán, los que fueron depositados finalmente en la cuenta corriente 0011016825, manejada en el Banco Caley Dagnall, perteneciente a Enrique Bolaños Geyer y/o R. Vasalli y/o L. Somarriba”.

EL DESTINO

El destino de la suerte de Bolaños lo determinó el pasado 7 de octubre la Contraloría, bajo el siguiente argumento: “El ingeniero Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República, en su carácter de máxima autoridad del país al no informar sobre la procedencia y uso de los aportes privados directos depositados en la cuenta corriente No. 0011016825 en dólares, a nombre de E. Bolaños y/o R. Vasalli y/o L. Somarriba, manejada en el Banco Caley Dagnall hasta por la suma de US$7,150,172.66, desatendió lo establecido en el Arto. 104 de la Ley Electoral”.

Este artículo establece que los aportes privados directos deberán depositarse en cuentas especiales abiertas en bancos del Estado, si los hubiere, si no en instituciones del Sistema Financiero Nacional; que la documentación de las contribuciones privadas directas a los partidos políticos o alianzas de partidos será pública, quedando esta documentación a disposición de la CGR, y entre otras cosas más, que los partidos políticos o alianzas de partidos no podrían recibir directa o indirectamente contribuciones privadas anónimas, salvo las colectas populares.

Por no informar, dice entonces la Contraloría, a Bolaños se le aplicó el artículo 172 de la Ley Orgánica de la CGR, que establece multas de uno a seis meses de salario y destitución del cargo, para los funcionarios que se negasen a brindar información solicitada por el ente fiscalizador.

Para los implicados en el caso de delitos electorales, el juicio se encuentra en la fase instructiva, en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional permanece una solicitud de desafuero enviada por la Corte Suprema de Justicia, la cual fue solicitada por la Fiscalía hace dos años, cuando acusaron a Bolaños por delitos electorales. Esa solicitud está en manos de la presidencia de la Corte, la cual espera el resultado de las negociaciones que, sobre el futuro del mandatario, sostienen los diputados liberales y sandinistas.

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