- Navarro anuncia lucha sin cuartel contra Presidente
María José Uriarte R.
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Preparan “soga” para Bolaños
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Navarro anuncia lucha sin cuartel contra Presidente |
María José Uriarte R.
El PLC y el FSLN declararon esta semana su decisión política de destituir al presidente Enrique Bolaños y ya están analizando los mecanismos legales con ese fin.
“Si la lucha es sin cuartel, sigamos sin cuartel”, dijo ayer a LA PRENSA el vicepresidente del PLC y de la Asamblea Nacional, el diputado Wilfredo Navarro, coincidiendo plenamente con declaraciones que el pasado viernes ofreciera el dirigente sandinista Daniel Ortega, quien señaló que lo que habría que analizar son los mecanismos, pero la decisión política está tomada.
¿Cuáles son las alternativas legales que diputados, contralores y magistrados tienen para procesar al Presidente de la República? La respuesta no es simple, pero algunos juristas y políticos analizan los diferentes escenarios.
En primer lugar, el plenario de la Asamblea Nacional puede conformar la comisión especial para conocer la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), en caso de que la Junta Directiva retrase o desestime ese trámite, para determinar si existen causas suficientes para desaforar al presidente Enrique Bolaños.
A juicio del jurista Cairo Manuel López, es difícil que el plenario decida hacerlo de manera directa, pero puede apelar a la doctrina de la soberanía del plenario, al no obtener respuesta de la Junta Directiva, asumiendo que hay una decisión política para hacerlo.
El artículo 130 de la Constitución Política establece que para declarar la privación de inmunidad del Presidente de la República, se requiere de la votación de dos tercios de los diputados.
Aclaró que directamente no existen mecanismos para destituir al presidente Bolaños, porque una vez suspendida la inmunidad, si es por causas penales, la única competente para conocer del caso y procesarlo es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siempre y cuando esté en pleno.
López identifica un vacío legal en la Constitución, refiriéndose al artículo 149, estableciendo como faltas definitivas del Presidente y Vicepresidente de la República en el inciso C, la incapacidad total o permanente declarada por la Asamblea Nacional, sin precisar a qué tipo de incapacidad se refiere.
Expresa que de aprobarse la desaforación del presidente Bolaños, éste puede continuar ejerciendo su función como mandatario, porque ese aspecto sólo significa la pérdida de la inmunidad, teniendo que esperar la resolución de la corte plena del Poder Judicial, la que, si lo encuentra responsable de algún delito, lo remitiría a la Asamblea para su destitución.
Agrega que el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Contraloría faculta al Poder Judicial a imponer multas por sanciones administrativas y poder destituir a funcionarios, pero habría que ver si incluye al presidente Bolaños como tal, porque a diferencia de los funcionarios que son nombrados por el Ejecutivo, el mandatario es electo por votación nacional.
SANDINISTAS HABLAN DE PROCESO SUMARIO
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez expresó que aunque la Contraloría no tiene facultades para destituir al Presidente de la República, tiene la obligación por ministerio de ley de señalar que los actos por los que consideran responsable a un funcionario pueden ameritar una destitución, y es por ello que lo envía al órgano competente para destituirlo de su cargo.
Explicó que la Asamblea Nacional está facultada tanto para desaforar como para destituir al Presidente de la República, previo dictamen de la comisión especial.
“Al final del día la diferencia entre uno y otro es que en el proceso de desaforación lo que se abre es un juicio político, en el caso de la destitución es prácticamente un proceso sumario donde se presentan las causales y sencillamente va con las dos terceras partes de la Asamblea Nacional a pronunciarse el plenario”, indicó Gutiérrez.
Dijo que es importante denotar que la Junta Directiva no puede “quedarse de brazos cruzados” y archivar un expediente, sino darle curso.
Explicó que la información puede pasar al plenario, aunque la directiva no designe una comisión extraordinaria, para que sea del conocimiento de los diputados, pudiéndose abrir un plazo prudencial para que cada uno de ellos analice los datos y “tomen conciencia de las profundidades y repercusiones del caso” para posteriormente adoptar una posición.
No obstante, Gutiérrez destacó que la bancada del Frente Sandinista es la que menos injerencia puede tener en este caso, porque no tiene presencia en la junta directiva, y hasta el momento la bancada como tal no tiene una posición, negando que haya acuerdos políticos establecidos para destituir al presidente Bolaños.
Recordó que la Junta Directiva está compuesta por liberales y Azul y Blanco y habrá que ver la disposición de ellos para dar trámite a la resolución de la Contraloría, una vez que llegue a la Asamblea Nacional.
En la Primera Secretaría del Poder Legislativo existen 22 solicitudes de desaforación dirigida a diputados, Fiscal y Fiscal Adjunta, funcionarios de gobierno y diputados parlacénicos.
El Primer Secretario, Miguel López señaló que se debería aplicar el precepto “primero en tiempo, primero en derecho”, por lo que si se va a evacuar ese tipo de aspectos se inicie con los que están detenidos en su proceso.
Gutiérrez dijo que los aforismos jurídicos son válidos, pero el Poder Legislativo no es un Tribunal de carácter jurisdiccional, sino un foro político por excelencia, donde ninguna normativa les obliga a tener una “cuestión de carácter relativo entre un caso y otro”, para ser sometido ante el plenario.
SOLICITUDES DE DESAFUERO
Entre las solicitudes para desafuero está Eduardo Mena por el delito de estafa, defraudación y asociación e instigación para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Por desobediencia a la Constitución Arnoldo Alemán (ya fue desaforado), Wilfredo Navarro, René Herrera, Jamileth Bonilla, Guillermo Osorno y María Auxiliadora Alemán.
Los diputados Luis Benavides, René Herrera, Jamileth Bonilla, Fabio Gadea, Jaime Cuadra, Augusto Valle y Wilfredo Navarro por delitos electorales.
Marco Aurelio Sánchez, Julio Centeno, Eliseo Núñez, Guillermo Argüello Poessy, son otros que también tienen pendiente solicitud de desaforación.
