Pedro Rafael Gutiérrez Doña
El fantasma de la corrupción azota Centroamérica. En esta oportunidad posa su presencia en Costa Rica, específicamente en la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) y en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dos de las instituciones de mayor arraigo social del país, las que han sido abusadas por el mal manejo de sus recursos y en donde —ya parece costumbre— participan funcionarios de la institución, políticos y hasta dos ex presidentes por su presunta injerencia en el problema.
En el primer caso, Rafael Ángel Calderón, ex presidente y líder del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) recibió de una firma finlandesa, la suma de medio millón de dólares por servicios prestados, motivo suficiente para que el Ministerio Público le imponga medidas cautelares como firmar cada quince días y no salir del país.
En el segundo caso, Miguel Ángel Rodríguez, ex presidente también y actual Secretario General de la OEA, no ha terminado de calentar su asiento de este último cargo cuando se le descubre que recibió de la compañía francesa Alcatel, la suma de 140 mil dólares como “premio” al contrato que hicieron de tecnología conocida como GSM.
A Rodríguez, diputados de su partido le exigieron su renuncia a la OEA para que procediera a rendir cuentas en el país.
Mientras el Ministerio Público organiza pruebas y testigos para entablar los juicios, el pueblo costarricense mira asqueado uno de los mayores casos de corrupción y de saqueo de las instituciones del Estado, donde los protagonistas son dos ex presidentes de la República.
