Johnny Cajina Guillén
Una propuesta de ley de vivienda, en la que el Estado, la sociedad civil y la empresa privada asuman diferentes responsabilidades para enfrentar el calamitoso déficit habitacional en la nación, fue entregada recientemente a la comisión parlamentaria de Población y Desarrollo, por una red de organismos no gubernamentales que recientemente realizó el Foro Nacional de la Vivienda.
Miguel González, director del Centro de Promoción del Desarrollo Local (Ceprodel), uno de los nueve organismos que integran la Red de Vivienda, señaló que en la actualidad el país tiene una pobre capacidad de construcción, que ronda las 4 mil viviendas por año y que por tanto urge una ley para enfrentar la grave situación.
“El tema de la vivienda se ha dejado que lo resuelva el mercado o que cada quien lo haga de manera individual”, dijo González, explicando que esto tendría lógica si se piensa únicamente en los estratos poblacionales con altos ingresos, y no para un sector emergente cuyos ingresos familiares rondan los 500 ó 600 dólares por mes.
En Nicaragua, muchos profesionales jóvenes no tienen la capacidad para obtener una vivienda, debido a los altos precios del mercado inmobiliario y, por tanto, la Red de la Vivienda plantea la inclusión de otros segmentos de población en los planes habitacionales, explicó.
La propuesta de la Red parte de la necesidad de establecer un marco institucional que defina las responsabilidades de todos los entes involucrados y las políticas a seguir en torno al tema.
Según datos oficiales, se calcula que Nicaragua tiene un déficit habitacional de 420 mil casas, cifra que crece anualmente con la formación de unas 30 mil nuevas familias.
La Red de la Vivienda estima que se necesita construir unas 44 mil casas por año, para que el Gobierno cumpla con la Meta del Milenio de reducir ese déficit en un 50 por ciento para el año 2020.
Eduardo Vigil, presidente ejecutivo del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), dijo a LA PRENSA, estar “de acuerdo en reducir el déficit habitacional, pero no contamos con los fondos necesarios. La realidad económica es otra y sencillamente es inviable. Esa interpretación de la Meta del Milenio es incorrecta”, aseveró.
Durante el 2004 el Invur ha financiado la construcción de casi 3,500 viviendas para familias pobres en todo el país, ejecutando un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
