Mirna Velásquez Sevilla
Aunque la Ley de Carrera Judicial goce del consenso de todas las partes y sea aprobada por el plenario en este mes, saltaría un serio problema para ser implementada: no hay fondos.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno, explicó que tal y como está elaborado el presupuesto para ese poder del Estado, no hay nada incluido ni relacionado con la ley en cuestión.
“Nosotros estamos haciendo un estudio para llevarlo a la Asamblea, porque ustedes bien saben que sin dinero no podríamos implementar la ley, pero estamos en eso”, dijo la magistrada.
Agregó que han contratado a un consultor para que ayude a determinar de cuánto sería la partida que se necesita para implementar la Ley.
Centeno explicó que han recurrido a un programa del Banco Interamericano (BID) para que les apoye en ese sentido.
El estudio que en este momento se realiza está profundizando sobre el problema económico, puesto que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que contempla la ley en cuestión, estará conformado por varias comisiones que necesitarían funcionarios calificados en varias ramas.
Este jueves, el pleno de la CSJ presentó a la comisión especial de la Asamblea Nacional, su propuesta de 18 mociones consensuadas para modificar el polémico proyecto de Ley de Carrera Judicial y se prevé que sea discutido en la semana próxima.
Centeno informó que después de ser aprobada la ley, habrá “unas vacaciones” de dos meses, tiempo que aprovecharán para hacer gestiones.
BUSCARÁN AYUDA EXTERNA
“También nosotros vamos a volver a ir a la comunidad internacional a decirle: ustedes querían la ley, aquí está la ley, ayúdennos. A la AID (Agencia Suiza para el Desarrollo) que nos había quitado la ayuda también se la vamos a pedir”, dijo.
La magistrada descartó que en el seno del Parlamento haya desacuerdo con las mociones presentadas y recordó que el plenario ratificó una comisión de diputados de todas las bancadas para que la Corte designara una comisión especial que recogiera las mociones sin roces constitucionales, llevarlas a Corte Plena y luego presentarlas al Parlamento.
