Wilder Pérez R.
Unas 50 personas de la sociedad civil comprometieron públicamente la palabra del presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Luis Debayle, en el sentido de que éste les expresó una vez más que no se privatizará la institución que él dirige.
El “acuerdo verbal” se dio ayer cuando un grupo de manifestantes se plantó frente a la sede central de Enacal, para protestar contra el “Documento de Licitación para la Adquisición de Servicios de Consultoría” de esta empresa, argumentando que este proceso de “modernización” es un disfraz de la privatización pretendida por el Gobierno.
“Ya tenemos la experiencia de Unión Fenosa y de Enitel (Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones), ellos buscan consultores para poner tubos, medidores, esa es una privatización, que va a empobrecer más al pueblo como lo hizo Unión Fenosa, que de todas maneras continuó con los apagones”, expresó Ricardo Robleto, dirigente del Movimiento Social Nicaragüense.
“Lo de Unión Fenosa sí fue una privatización, aquí en el 2000 íbamos a tener una nueva administración pero la Asamblea Nacional dijo que era un tipo de privatización, pero fuimos a Washington para cambiarlo todo a consultoría”, afirmó Debayle con el documento de licitación en mano.
En este sentido, una de las propuestas de los reclamantes fue que Enacal permitiera fiscalizar y participar visualmente del proceso de modernización anunciado.
Pero éste y otros puntos no fueron respondidos por el funcionario debido a los gritos de ciertos reclamantes, incluyendo uno que se hizo pasar por periodista radial, y también por la confusión que se armó entre las demandas de los pobladores con el verdadero objetivo del plantón.
Aunque los reclamantes se retiraron de forma pacífica, no se fueron muy satisfechos y aseguraron que mantienen una organización y vigilancia permanente para que el funcionario no resulte ser “un mentiroso”.
Finalmente anunciaron una protesta para el 12 de octubre.
Los funcionarios de Enacal aseguraron que hay nueve empresas interesadas en la licitación, una de ellas llamada Agua de Barcelona, contratada por el Gobierno cubano para trabajar en La Habana.
