Marlon José Navarrete Espinosa
El derecho a la propiedad privada es ley universal que da pleno dominio al propietario a gozar de servicio absoluto sobre sus bienes. El Estado protege este derecho en todas sus formas, ya que no hacerlo significa empujar a la sociedad a la anarquía, el desorden institucional, el irrespeto masivo por los bienes ajenos y por ende se genera inseguridad total, incertidumbre y ausencia de paz social.
En la Nicaragua de los años ochenta, bajo el régimen sandinista hubo un accionar delictivo de violentar la propiedad privada como política de Estado, bajo el pretexto de reforma agraria y de justicia social para los pobres y desposeídos. En nombre de esa farsa miles de propiedades fueron confiscadas a sus legítimos dueños y entregadas a personas que por afiliación partidaria se vieron beneficiadas y procedieron a destruir toda la capacidad productiva y bienes inmuebles que usurparon.
Ser pobre no da derecho a robar ni justifica la toma arbitraria y abusiva de bienes ajenos. El gobierno sandinista dispersó esta idea errónea entre la población y por eso hasta hoy vemos graves conflictos de propiedad sin resolver. El bien o cosa bajo la acción y voluntad de su dueño se atropelló y violó en el sandinismo, en donde llegar a ser propietario por mérito y esfuerzo propio no valía nada. Muchas personas que con gran sacrificio llegaron a tener, fueron avasalladas y reducidas a la miseria por un sistema tiránico que promovió la pobreza y estancamiento económico en nombre de una revolución inmoral sin principios humanos elementales.
