Marcela Sánchez
Cuando un estadista siente algo con convicción, normalmente está dispuesto a arriesgar capital político en su nombre. De lo que está convencido el presidente Bush es de la necesidad de reformar la inmigración; por ello propuso en enero un plan para mejorar un sistema que, aseguró, “no está funcionando”.
La idea fue crear un programa de trabajadores temporales que le permitiera al Gobierno federal empezar a resolver la paradoja de la inmigración de hoy: inmigrantes indocumentados —indiscutibles contribuyentes a la sociedad pero sin derecho a recibir todos sus beneficios— que viven en un ámbito de sombras que presenta una potencial amenaza a la seguridad.
La propuesta ofrecía un enfoque racional para equilibrar preocupaciones económicas y de seguridad. Pero a medida que avanzó el año electoral, los consejeros de Bush concluyeron que no tenía capital político que desperdiciar. La propuesta había sido criticada por la izquierda como demasiado severa y por la derecha como demasiado generosa y las potenciales ganancias en votos latinos no parecían compensar la potencial pérdida de apoyo en la base republicana de Bush. Por segunda vez en cuatro años la reforma a la inmigración se pospuso.
Autoridades estatales y locales que sufren las consecuencias de la inactividad de Washington y no pueden darse el lujo de dejar de enfrentar ahora los retos que plantea la inmigración, están llenando el vacío. Pero sus esfuerzos se ven amenazados por personas en Washington obsesionadas con la seguridad o inspiradas por un sentimiento antiinmigrante. El resultado es un sistema aún más fragmentado y menos funcional que clama por liderazgo a nivel federal.
Funcionarios estatales y locales están condenados a “tratar de manejar el impacto de la migración” dijo el representante a la Asamblea de California Marco Firebaugh. La mayoría de los inmigrantes ilegales trabajan más de 40 horas a la semana y pagan impuestos pero no reciben prestaciones. Eso quiere decir que cuando ellos o alguien en su familia se enferma, le corresponde a las autoridades locales darles servicio de salud, a menudo en salas de emergencia —la asistencia más costosa.
Funcionarios locales también ofrecen remiendos de soluciones a la educación, la protección policial y la documentación. Sin un documento federal de identificación, casi 1,200 departamentos de Policía y 340 ciudades en Estados Unidos han acudido a las matrículas consulares. Emitidas por México y ahora por otros países latinoamericanos para sus ciudadanos en este país, las matrículas se han convertido en formas legítimas de identificación a medida que agencias y gobiernos llegan a la conclusión de que para poder saber mejor quién vive en sus comunidades, un documento extranjero es mejor que no tener ninguno.
Curiosamente, el presidente Vicente Fox tuvo la semana pasada su segunda reunión con un grupo de casi 40 legisladores, alcaldes y concejales de 15 Estados. Los funcionarios representan los más recientes aliados de Fox para llevar cierto orden y dignidad a la vida de los inmigrantes. Fox y Bush buscaron hacerlo en el 2001, pero el 11 de septiembre dejó a Fox colgando de la brocha.
La ardua labor a nivel estatal y local está siendo socavada por intereses creados a nivel federal. Más aun, las iniciativas federales carecen del tipo de equilibrio que se alcanza cuando el principal líder nacional busca un acuerdo integral.
Mientras el resultado es probable que no sea exactamente que los “doctores se conviertan en policías”, como lo pronostica Angela Kelley del National Immigration Forum, podría disuadir a los inmigrantes a que busquen cuidado profesional a tiempo.
Asimismo, legisladores en Washington, con propuestas como CLEAR Act, enlistarían a agentes de Policía como agentes de inmigración. Departamentos de Policía a lo largo del país rechazan la idea preocupados ante la posibilidad de que los inmigrantes piensen dos veces antes de reportar crímenes.
Pero tal vez nada es más dolorosamente ilustrativo de la divergencia en inmigración entre Washington y el resto de la nación, que la educación superior. De acuerdo con el National Immigration Law Center, ocho Estados, incluidos cuatro con la mayor concentración de inmigrantes, permiten a estudiantes ejemplares pero indocumentados, que se gradúan de secundaria, pagar matrículas de universidad con descuentos como si fueran residentes legales.
El día que se gradúen, sin embargo, dichos egresados ingresarán al mercado laboral como inmigrantes ilegales. Sólo el Gobierno federal puede cambiar eso, pero una propuesta bipartidista que busca permitir que dichos licenciados entren a la fuerza laboral legalmente ha estado esperando un voto por más de 26 meses. El llamado DREAM Act, continúa siendo sólo eso, un sueño.
