Jorge Loáisiga Mayorga
El contralor Guillermo Argüello Poessy aseguró que para la Contraloría General de la República (CGR) es imposible controlar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos porque estos pueden colocar el dinero obtenido ilícitamente en cualquier banco del mundo y esta institución no los puede perseguir.
Al participar en un foro sobre la lucha contra la corrupción, Argüello ejemplificó que un supuesto funcionario de cualquier gobierno podría enriquecerse a costa del Estado, pero éste bien podría poner el dinero en un banco de Bahamas, Gran Caimán, Singapur o cualquier otro lugar del mundo y para la Contraloría sería imposible perseguir ese dinero.
“Aún cuando enviáramos a uno de nuestros funcionarios a pasear a Gran Caimán no lo dejarían entrar ni a ver las instalaciones del banco porque se encontraría con el sigilo bancario de esas instituciones financieras internacionales”, señaló.
Recordó que en el caso de los delitos electorales que investiga la Contraloría, por orden judicial existen cuentas relacionadas a la campaña electoral del presidente Enrique Bolaños, que son de “un banco de papel” en Gran Caimán y que la entidad fiscalizadora no puede determinar el origen de esos fondos.
Indicó que es imposible verificar las declaraciones de probidad debido al sistema registral del país y por el poco personal con que cuenta la CGR como verificadores.
Argüello se quejó de que todas las instituciones pueden iniciar investigaciones, “pero cuando la CGR trata de hacerlo todo mundo corre a recurrir de amparo y los tribunales de Apelaciones admiten esos recursos sin que hayamos iniciado las investigaciones, incluso se admiten recursos contra las resoluciones de la CGR que establecen presunción de responsabilidad penal, cuando lo que se debería de hacer en ese caso es activar la acción penal”, indicó Argüello.
Existen 200 recursos de amparo contra resoluciones emitidas por la CGR.
