Gabriel Sánchez Campbell
Los productores y comercializadores nacionales que desde enero de este año exportan productos a Estados Unidos bajo las nuevas normas y especificaciones de la Ley Antibioterrorismo, no han tenido mayores inconvenientes y más bien les ha ayudado a ser más ordenados y eficientes.
“Salvo algunas excepciones, los exportadores han demostrado eficiencia con la aplicación de la ley”, asegura Roberto Brenes, un experto en comercio internacional.
“Casi todos han demostrado que cuando quieren hacer las cosas, las logran”, confirma Diego Velásquez, encargado de Inocuidad de Alimentos, en la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA).
Velásquez explica que los exportadores de Nicaragua han cumplido con las especificaciones y requerimientos hechos por las autoridades norteamericanas para efectos de la Ley del Antibioterrorismo.
La legislación norteamericana cuyo nombre específico es Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo, nació por el miedo que se desató después que varias personas en Estados Unidos murieron por los ataques misteriosos de ántrax, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2002.
Con ella se ayudará al FDA, la Administración de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al bioterrorismo.
El bioterrorismo es el ataque biológico en el que un agente tóxico y nocivo puede llegar a un grupo de personas o a una comunidad entera y causar trastornos de salud. Incluso la muerte a través de la previa contaminación a través de un alimento, por el ambiente o cualquier medio de propagación.
Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas, almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a Estados Unidos.
El punto es los requerimientos que ese país está pidiendo que cada uno de los exportadores cumplan, en caso de que el producto sea detenido, conlleva a mantener un minucioso proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades norteamericanas ipso facto.
Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos en la mercadería.
Antes para exportar sólo se necesitaba el registro sanitario y la etiqueta del producto, pero cumpliendo los requerimientos de inocuidad y comercial. Hoy no, son más cosas.
EL PROCESO
En el período de octubre a diciembre del año pasado, el momento que las empresas exportadoras tenían para registrar su actividad comercial en Estados Unidos en Nicaragua se desarrollaron una serie de seminarios para que los productores y comercializadores locales supieran qué cosas eran las que deberían cumplir a cabalidad para introducir alimentos al mercado norteamericano.
Así antes del 12 de diciembre, fecha que cerraba el período de inscripción 40 empresas nacionales se registraron. Hoy día hay unas 180 registradas, donde 65 por ciento corresponden a comercializadores, según Álvaro Icaza Tellería, coordinador local para Nicaragua del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
ARMA SIN USO
Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados Unidos y un país determinado. No obstante nadie descarta que en cualquier momento esta legislación se use como un arma para perjudicar a una nación.
Desde que se anunció que las exportaciones a Estados Unidos deberían cumplir estos controles, miles de exportadores temían que esta legislación se usara como barrera no arancelaria.
Jorge Brenes, gerente general de la Asociación Nicaragüense de Productores de Productos no Tradicionales (Apenn), asegura que la preparación para que los productores locales no tuvieran problemas fue exhaustiva y valió la pena. “Por eso es que salvo en el caso de algunos exportadores de leche, los demás han cumplido”.
