José Adán Silva
Diputados de la Asamblea Nacional discutieron ayer el anteproyecto de una ley de catastro nacional que además de modernizar los archivos de las tenencias de tierras, ayudaría a solucionar el complejo problema de la propiedad en Nicaragua.
La discusión se realizó en un hotel capitalino, donde diputados de la bancada liberal escucharon las teóricas bondades de la ley por parte de una comisión integrada por expertos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), Alcaldía de Managua, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La mencionada ley, denominada Ley General de Catastro Nacional, ya fue dictaminada en la Asamblea Nacional y se espera que antes de que termine el año sea aprobada.
La misma fue elaborada por la Comisión de Asuntos Municipales que preside el diputado liberal José Castillo Osejo, luego de hacer distintas consultas con diferentes sectores de la sociedad, interesados en resolver el conflicto de la propiedad en Nicaragua.
La ley consta de 66 artículos y su objetivo principal, según una copia del documento, radica en que “es un principio constitucional garantizar la propiedad en cualquiera de sus modalidades, en razón de ello se hace necesario contribuir a garantizar la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, la transparencia del tráfico inmobiliario y del mercado de bienes raíces con el fin de promover y estimular la inversión y el desarrollo del país”.
La ley en mención, de acuerdo con la asesora del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad, Patricia Delgado, viene a establecer y desarrollar el catastro de los bienes inmuebles y dotar al Estado de un instrumento jurídico que llene los vacíos que sobre las leyes de propiedad existen en Nicaragua.
De acuerdo con la experta, el 40 por ciento de las propiedades nicaragüenses presentan problemas de inscripción y legalidad por la debilidad de los registros de catastro, razón por la cual la nueva ley vendría a ordenar los aspectos legales del problema.
El Estado nicaragüense ha gastado más de mil millones de dólares desde 1990 en tratar de resolver los problemas de propiedad, generados a partir de la toma de poder del gobierno sandinista en 1979, cuando las propiedades privadas y públicas fueron entregadas sin ningún control a civiles, militares y altos funcionarios públicos de la época.
