- El debate acerca de la ubicación de la ubicación de las antenas de celulares continúa causando polémica en Nicaragua. Una propuesta de ley espera consenso en la Asamblea Nacional.
Los representantes de la Red Nacional de Consumidores se cuenta entre los más radicales críticos a la invasión que las compañías telefónicas han hecho en los barrios con sus antenas de transmisión. Todos sus miembros están claros que no hay tregua posible en la guerra contra las antenas.
“Hace muchos años nadie dijo que el Nemagón causaría tales estragos y hasta ahora que se palpan las consecuencias se comienza a legislar al respecto”, expuso hace unos días una de sus delegadas en el foro de Sistemas de Antenas.
Para Miguel Ángel Baca, representante legal de esa organización ciudadana, es llamativo “el hecho de que todos los expositores (del foro) concordaron en que si bien es cierto los daños a la salud no se han manifestado de alguna manera visible, también coincidieran en que hay que prevenir”.
“Hay que prevenir porque algunas manifestaciones que puedan provocar los daños ocasionados por los campos electromagnéticos emitidos por las antenas de telefonía móvil o las torres de transmisión eléctrica en líneas de alta tensión, se pueden producir posteriormente”, afirmó.
“No estamos en contra del desarrollo tecnológico, tampoco que las antenas se instalen”, añade la Red, cuya única condición es que no se afecte la salud ciudadana. “Esto se logrará con una coordinación interinstitucional y con una ley efectiva”, alega.
Para Baca resulta preocupante que ninguna institución se haya preocupado a la fecha por investigar a profundidad los efectos ambientales y sanitarios de los espectros electromagnéticos de estas antenas.
Según un estudio, dice Baca, las radiaciones que emiten los teléfonos celulares producen calentamiento de la corteza cerebral, no obstante, no se concluye si estas son nocivas, aunque se trata de exposiciones que no duran mucho tiempo.
DISPLICENCIA E INDOLENCIA
Sin embargo, agrega, no se han monitoreado cuáles son los efectos a la salud humana de estos campos que emitidos permanentemente por las antenas. “En el caso de Managua, existen grandes concentraciones poblacionales que viven debajo de estas grandes antenas”, explica.
“Si, en efecto, estos campos electromagnéticos son nocivos ¿por qué el Minsa no los monitorea?”, añade Baca, para quien existe una displicencia de parte de instituciones como el Minsa, Marena, Ineter e incluso la mismas municipalidades “que de una manera macabramente irresponsable autorizan la construcción de antenas telefónicas en medio de centros poblacionales”, añade.
“Hay algo muy importante que se deriva de los mismos expositores. Si ellos señalan que hay que prevenir, quiere decir que existe algún peligro latente. Pero ¿cómo vamos a fundamentar esto si los organismos que deben controlarlo están dejando en indefensión a los pobladores”?, recalcó.
Para la Red de Consumidores hay indolencia de parte de las instituciones responsables, pues éstas cuentas con los marcos legales para regular y supervisar los impactos de la ubicación de estas antenas y en la práctica todo queda en papel mojado.
ANTENAS SE UBICAN SIN EXISTIR NORMATIVA
Según el doctor Oscar Jarquín, asesor del Ministerio de Salud, fue hasta el año pasado que la institución pública se metió de lleno a conocer y estudiar sobre el tema.
“El problema fue que comenzaron a instalarse las antenas sin existir en el país una normativa de instalación. Las ubicaban donde se consideraban más apropiadas para lograr los objetivos de la compañía”, explica el galeno.
Ante esta situación y teniendo como base principal la preocupación de la gente, el Minsa decidió que era conveniente establecer una normativa de instalación tomando en cuenta las directrices de entidades internacionales como la OMS.
Fue así como en conjunto con Telcor, MTI, Marena e Ineter empezaron a elaborar dicha normativa de instalación que servirá de base, según Jarquín, para la formulación y aprobación de una ley que regulará la instalación y ubicación de antenas para telefonía celular.
“Los efectos no están comprobados. Sabemos que la OMS en 1998 comenzó un estudio, pero eso no quiere decir que tengamos que esperar las recomendaciones. Las que ha dado el Minsa han estado encaminadas a la prevención y a mantener los estándares internacionales de medición”, sostuvo el galeno.
Casi dos años después de trabajar en el tema, el doctor Jarquín explica que finalmente se tiene una normativa que contiene normas técnicas de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores de telecomunicaciones. Normativa que permite preservar el desarrollo económico de este sector, agrega.
“Estuvimos trabajando para darle a la Asamblea Nacional algunos elementos para que puedan legislar con una base más amplia. El Ministerio dio las recomendaciones en relación a la instalación de las antenas basado en la seguridad sanitaria, ingenieril y de impacto óptico”, aseguró.
OBLIGACIÓN INSTITUCIONAL
Miguel Ángel Baca, representante legal de la Red de Defensa al Consumidor sostiene que el Marena debe aplicar la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (217) y todas las normativas que se derivan para regular los efectos radiactivos en los seres humanos, dice Baca.
“Ineter ha permitido la construcción de antenas en zonas de alta sismicidad como es el caso de Managua y también sigue permitiendo la colocación de antenas en los cerros, bajo el riesgo de nuevos derrumbes como los del Casita o el Musún”, agrega el miembro de la red, aduciendo que Ineter está facultado para regular todo esto, pero no hace nada al respecto.
Critica que el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) no tiene mayores atribuciones que velar por si los planos y las antenas se adecúan al reglamento nacional, explica.
Para el representante de la organización, la actuación “complaciente” de las municipalidades empeora la situación. Para Managua, por ser la capital, existen normativas de uso del suelo que son reguladas por la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía “y a lo largo de los años muchas zonas residenciales como Altamira, Bello Horizonte y Ciudad Jardín se convirtieron en zonas comerciales por negligencia de la municipalidad”, afirma Baca.
“Aquí se ha violentado mucho el uso del suelo y ahora se está permitiendo la colocación de antenas de telefonía en estas zonas densamente pobladas”, dice con preocupación.
